El sector agrario de Castilla y León ha cerrado filas en torno a un documento de consenso que marcará su hoja de ruta de cara a la futura Política Agraria Común (PAC) 2028-2034. La consejera de Agricultura de Castilla y León, María González Corral, y las organizaciones ASAJA, COAG, UPA y UCCL firmaron ayer en Medina del Campo una declaración conjunta en la que se recogen las principales demandas que la Comunidad considera imprescindibles para garantizar la sostenibilidad del campo.

Este documento es resultado de un proceso de diálogo entre la Junta y las organizaciones profesionales agrarias, y pretende trasladar una posición firme y unitaria ante las instituciones europeas en el momento de diseñar el próximo marco de ayudas comunitarias.

Reivindicaciones clave del campo castellano y leonés

Entre las propuestas más destacadas se encuentra el mantenimiento del modelo actual de la PAC basado en los fondos FEAGA y FEADER, con un aumento en su dotación, así como la introducción de un criterio obligatorio de despoblación para distribuir los fondos de manera más territorializada. El documento también exige medidas urgentes de simplificación normativa, especialmente respecto a la condicionalidad reforzada de las ayudas, y reclama reglas claras y estables para facilitar su cumplimiento.

Además, el sector propone:

• Que la protección ambiental se base en incentivos y no en restricciones a la producción.

• Establecer políticas atractivas que impulsen el relevo generacional.

• Garantizar precios justos por encima de los costes de producción.

• Aplicar el principio de reciprocidad a productos importados.

• No prohibir fitosanitarios si no existen alternativas eficaces.

• Desarrollar un sistema europeo de garantía de riesgos con coberturas, indemnizaciones y ayudas suficientes para la actividad agrícola y ganadera.

• Avanzar en el uso de técnicas genómicas y la mejora genética de semillas mas adaptadas a las condiciones climáticas y edafológicas.

• Potenciar la digitalización y la innovación en las explotaciones.

• Tratar de forma diferenciada al sur de Europa, incluyendo infraestructuras hídricas.

• Destinar las ayudas a agricultores profesionales, definidos por su dependencia de la actividad agraria.

• Evitar la degresividad y la limitación de pagos salvo si benefician al agricultor profesional.

• Mantener el apoyo a explotaciones asociativas y modelos con empleo estable.

• Aumentar la financiación de las ayudas asociadas a sectores vulnerables.

• Priorizar las explotaciones en zonas con limitaciones naturales.

• Compensar económicamente a quienes contribuyan a la reducción de emisiones.

• Asegurar que se incluyan medidas adicionales necesarias para la sostenibilidad global del sector.

Con esta hoja de ruta, Castilla y León reclama que la próxima PAC no se diseñe sin tener en cuenta las realidades productivas, territoriales y climáticas del campo español, y especialmente las necesidades específicas de una región con un alto grado de profesionalización agraria y dispersión demográfica.