Durante la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada ayer jueves, los consejeros de Agricultura de las comunidades gobernadas por el Partido Popular han reclamado al ministro de Agricultura, Luis Planas, la puesta en marcha de ayudas directas que compensen las pérdidas ocasionadas por el reciente apagón, cuyas consecuencias económicas han sido especialmente graves para el sector primario.

En su intervención, los representantes autonómicos han solicitado al Gobierno la elaboración urgente de un estudio que cuantifique el impacto real del apagón en las explotaciones agrarias y en la industria agroalimentaria. Este informe serviría como base para habilitar mecanismos de compensación adecuados, dada la magnitud de los daños reportados.

Las pérdidas en el sector cárnico se han cifrado ya en 192 M€, mientras que en el sector lácteo se han producido graves afecciones a los sistemas de ordeño, ventilación, suministro de agua, alimentación del ganado y refrigeración de leche. Según han expuesto en la reunión, “son necesarias ayudas directas”, y no soluciones financieras basadas únicamente en líneas de crédito.

Los consejeros han reclamado también la redacción de un Plan de Contingencia ante la amenaza de aranceles por parte de la administración estadounidense. Consideran que la única respuesta del Ejecutivo, centrada en préstamos, es insuficiente, y reclaman una estrategia más ambiciosa que sitúe al sector primario como estratégico, incluyendo un plan de reindustrialización que refuerce su competitividad.

Las comunidades han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad urgente de políticas de inversión en infraestructuras hídricas. Demandan un plan que garantice el acceso y gestión eficiente del agua, tanto para el regadío como para la industria agroalimentaria, en un contexto cada vez más condicionado por la escasez de recursos hídricos.

Por otro lado, han solicitado la elaboración de un informe que evalúe el coste económico y el impacto real de los ecorregímenes, una de las medidas clave de la nueva PAC, con el fin de analizar si han cumplido sus objetivos medioambientales sin afectar a la competitividad del sector.

Finalmente, los consejeros han denunciado el bloqueo de la Ley de Fiscalidad Agraria, promovida por el PP y aprobada con mayoría en el Senado. Según han recordado, esta ley supondría un ahorro estimado de 700 M€ para los agricultores y ganaderos, pero su debate está vetado en el Congreso, impidiendo su tramitación legislativa.