ASAJA ha manifestado su rechazo frontal a las recientes declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las que afirma que el campo tiene margen para reducir la jornada laboral, evidencian un profundo desconocimiento del funcionamiento real del sector agrario.

El proyecto de Ley para la reducción de jornada laboral quiere reducirla hasta las 35,7 horas a la semana. La memoria de impacto normativo elaborada por el Ministerio de Trabajo admite un incremento de costes cercano al 7% para las empresas, no obstante señala que hay sectores como la Agricultura, Ganadería y Pesca, la Hostelería y el Comercio con más margen para reducir.

Según ha señalado ASAJA, la actividad agraria no se rige por horarios de oficina, sino por factores impredecibles como el clima, los ciclos de cultivo, el estado del suelo o la maduración del fruto. El trabajo en el medio rural requiere una flexibilidad que, a su juicio, no puede encorsetarse mediante legislación uniforme. A ello se suma el esfuerzo físico constante y la disponibilidad permanente que caracterizan al trabajo en explotaciones agrícolas y ganaderas.

La organización agraria ha advertido de que esta propuesta llega en un momento especialmente delicado para el sector. Los costes de producción continúan al alza, mientras que los precios percibidos por agricultores y ganaderos no cubren los gastos. ASAJA cita la caída del 40 % en el precio del aceite de oliva en origen y el descenso del 15 % en el cereal acumulado desde principios de año como ejemplos del deterioro de la rentabilidad agraria.

Además, denuncian que el sector ya sufre una importante escasez de mano de obra, por lo que una reducción de jornada supondría un nuevo incremento en los costes laborales difícilmente asumible en las actuales condiciones. Aseguran que en muchos casos la aplicación práctica de esta medida sería inviable.

Desde la organización critican que se pretenda regular desde despachos sin haber pisado el terreno ni conocer las particularidades del trabajo agrícola. Reclaman respeto, comprensión y soluciones realistas que tengan en cuenta el papel estratégico del campo para la economía, el empleo y la seguridad alimentaria.

ASAJA ha instado al Gobierno y a los partidos políticos a que no saquen adelante el proyecto de ley en curso y apelen a la cordura antes de tomar decisiones que, según afirman, podrían agravar aún más la crisis del sector.