La Junta de Castilla y León ha reafirmado su compromiso con el mantenimiento de la actividad remolachera e industrial en la comunidad ante la decisión de Azucarera de cesar la molturación en su planta de La Bañeza (León). En una reunión celebrada ayer con el comité de empresa, las consejeras de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y de Industria, Comercio y Empleo, han reiterado su rechazo a esta medida, que consideran que afecta gravemente al empleo y al tejido agroindustrial de la zona.

La Consejera de Agricultura, María González, ha recordado que Castilla y León es la comunidad autónoma que más apuesta por el cultivo de remolacha, tanto a través de las ayudas asociadas como de las agroambientales. La existencia de industria transformadora en el territorio resulta, según explicaron, esencial para garantizar el liderazgo de la comunidad en producción remolachera. Por ello, han solicitado a la empresa un compromiso a largo plazo con el mantenimiento de los contratos con los agricultores, no solo en la presente campaña, sino en las venideras.

Además, la Junta ha pedido a Azucarera que no repercuta en los productores los posibles sobrecostes logísticos derivados de la reestructuración industrial. “Queremos seguir apostando por la remolacha y por la industria transformadora”, señalaron desde la Consejería, subrayando que una retirada de esta actividad supondría un grave perjuicio para los agricultores de la región.

Por parte de la Consejera de Industria,  Leticia García, se ha insistido en que la Junta ha actuado desde el primer momento en el que se conoció la posibilidad de un proceso de regulación de empleo, solicitando una reunión urgente con la empresa. Sin embargo, Azucarera optó por no reunirse con la administración autonómica hasta haber informado previamente a los trabajadores. Durante ese intervalo, la Junta movilizó a las delegaciones territoriales de León, Burgos y Zamora para mantener contacto con los comités de empresa y estar preparados ante cualquier eventualidad.

Una vez confirmado oficialmente el cierre de la planta de La Bañeza, el presidente de la Junta y las dos consejeras se desplazaron a Madrid para reunirse con los directivos de la empresa. En dicho encuentro, manifestaron el rechazo institucional a la medida y plantearon dos exigencias claras: la transformación del ERE en un ERTE y el mantenimiento de la actividad industrial en la planta leonesa. Desde la Junta se considera que no existen causas suficientes para un despido colectivo, sino que la situación responde a una coyuntura que puede superarse, lo que permitiría recuperar la actividad en el medio plazo.

En paralelo, la Junta ha activado contactos con el Gobierno central, solicitando al Ministerio de Trabajo y Economía Social que se vigilen todas las fases del procedimiento de despido por si pudiera tratarse de un cierre definitivo, lo que implicaría otras obligaciones por parte de la empresa. Además, han pedido que se valore la activación del Mecanismo RED, una herramienta estatal que permite ofrecer una protección reforzada a los trabajadores en contextos de crisis sectorial o reestructuración temporal.

Este mecanismo implicaría que los empleados afectados no consumirían su prestación por desempleo, cobrarían el 70% de su base reguladora durante un máximo de dos años y la empresa se beneficiaría de bonificaciones en las cotizaciones sociales, facilitando la viabilidad de una solución temporal que no suponga la destrucción definitiva del empleo. La petición ha sido remitida a los ministerios de Trabajo, Inclusión Social y Seguridad Social, y Economía, y se ha animado al comité de empresa a reforzar esta solicitud por su cuenta, con el respaldo técnico de la administración autonómica.

Las consejeras han asegurado que mantendrán un contacto fluido con los trabajadores y sus representantes, tanto a través de los canales institucionales como por medio del delegado territorial de la Junta en León. Insisten en que seguirán buscando soluciones alternativas que permitan mantener el empleo y la actividad agrícola vinculada a la planta.