En el campo siempre hemos sabido que la agricultura es un negocio lleno de incertidumbres. El agricultor aprende desde niño que el tiempo puede dar y quitar; que una helada inoportuna o una sequía pertinaz pueden echar por tierra meses de trabajo. Lo que nunca hubiéramos imaginado es que, en pleno siglo XXI, cuando por fin acompaña la meteorología y se logra una cosecha excelente, los números tampoco salgan. Y no por culpa del cielo, sino de los despachos. 

Este año, el cereal español va camino de cerrar una de sus mejores campañas de producción. Se esperan alrededor de 19,5 millones de toneladas de cereales de invierno, cifras que hacía años no se alcanzaban. Sin embargo, lejos de suponer un alivio, el agricultor mira sus cuentas y comprueba con desesperación que no consigue cubrir ni siquiera los costes. El resultado es demoledor: muchos trabajarán prácticamente a pérdidas, y los que logren algún margen, apenas arañarán unos pocos euros por hectárea. 

¿Cómo es posible? La respuesta es amarga, pero sencilla: la rentabilidad está completamente estrangulada. Los costes de producción, lejos de estabilizarse, han seguido disparados. Solo fertilizantes y nitratos suponen ya más de 500 millones de euros de gasto en Castilla y León esta campaña. A esto hay que sumar el gasóleo, las semillas, los seguros, el mantenimiento de maquinaria, los fitosanitarios… Cada hectárea cultivada de cereal ronda los 800 euros de inversión. Para no perder dinero, se necesita cosechar un mínimo de 4.000 kilos por hectárea, algo que no está al alcance de todos los terrenos, especialmente en secanos y comarcas más vulnerables. 

Mientras tanto, los precios en origen han vuelto a desplomarse. El mercado internacional marca las cotizaciones a la baja, en parte por el efecto de las importaciones masivas de cereal ucraniano, que entra sin aranceles ni limitaciones en el mercado europeo. A los productores españoles se les exige cumplir con todos los estándares medioambientales, laborales y de seguridad alimentaria. A quienes importan desde fuera, no. 

Pero si grave es la competencia desleal en los precios de venta, más inexplicable resulta aún la situación en los costes de insumos. La Unión Europea ha decidido mantener los aranceles a la importación de fertilizantes desde Rusia y Bielorrusia, justo cuando los agricultores necesitan desesperadamente reducir sus costes. Lo insólito es que el gas ruso, materia prima básica para fabricar fertilizantes, sigue entrando libremente. El resultado es que unos pocos fabricantes europeos protegen sus márgenes, mientras el productor asume la factura. Una factura política, no de mercado. 

Por eso, cuesta entender que en los últimos meses no se haya articulado ningún mecanismo serio para aliviar esta presión. Los agricultores no piden subvenciones indiscriminadas ni ayudas generalizadas: piden medidas concretas, realistas y transparentes. Piden que se actúe sobre el sobrecoste de los fertilizantes con ayudas directas vinculadas a las facturas, como ya se hizo —aunque de forma claramente insuficiente— en el pasado. Piden que se revisen los acuerdos comerciales que permiten la entrada masiva de cereal extracomunitario sin ningún control. Piden, en definitiva, que se les deje trabajar y competir en condiciones de justicia mínima. 

Porque lo que está en juego no es solo el futuro de quienes siembran cereal. Es la seguridad alimentaria de todo un país. Es la supervivencia de miles de explotaciones familiares, muchas de ellas en las pocas zonas de España que todavía mantienen población activa en el medio rural. Y es también el precio y la calidad de los alimentos que cada día terminan en las estanterías de los supermercados. 

Cuando ni siquiera una buena cosecha sirve para respirar, algo muy profundo falla en el sistema. El campo español no puede seguir soportando que las buenas campañas se conviertan en un castigo en lugar de un respiro. El problema ya no es la climatología. El problema, lamentablemente, son las reglas de juego.