Hoy 12 de junio se cumplen 40 años de la firma del Tratado de Adhesión de España y Portugal a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), un proceso que culminó con la entrada oficial de ambos países el 1 de enero de 1986. La integración marcó un punto de inflexión para muchos sectores económicos, y en el caso del hortofrutícola, su desarrollo pleno no se consolidó hasta la creación del mercado único en 1993.

En 1986, España exportaba 4,9 millones de toneladas de frutas y hortalizas frescas (capítulos 07 y 08), con un valor de 1.764M€. Durante los primeros años tras la adhesión, el sector estuvo sometido a medidas transitorias de protección comunitaria que limitaron el crecimiento, como el sistema de “verificación de convergencia”, que mantuvo exigencias similares a las previas a la integración e impuso aranceles temporales.

FEPEX se constituyó precisamente en este contexto, en 1987, como respuesta del sector —especialmente del ámbito exportador del tomate— ante las trabas impuestas por el tratado. Su objetivo era defender los intereses de los productores y exportadores durante el periodo transitorio previo al mercado único.

El despegue real de las exportaciones se produjo con la entrada en vigor del mercado único en 1993, cuando se eliminaron los derechos arancelarios, los controles físicos fronterizos y otras barreras no tarifarias. Ese año, las exportaciones alcanzaron los 6,1 millones de toneladas, cifra que subió a 6,7 millones en 1994 y 7,1 millones en 1995, iniciando una trayectoria de crecimiento sostenido.

Actualmente, el sector exporta 13,5 millones de toneladas, una cifra muy próxima a los 13,3 millones registrados en 2014, lo que indica una estabilización tras varias décadas de expansión. En 2024, el 84% de las exportaciones hortofrutícolas españolas siguen teniendo como destino la Unión Europea, que continúa siendo el principal mercado para el sector.

No obstante, el contexto actual se caracteriza por una mayor competencia internacional. Según FEPEX, los acuerdos comerciales de la UE con países terceros han facilitado el aumento de importaciones no sujetas a los mismos estándares normativos, lo que supone una desventaja para la producción comunitaria. Por ello, la organización pide un respaldo efectivo por parte de las instituciones europeas, nacionales y autonómicas, que se traduzca en normativas justas y aplicables a la realidad del sector.