Durante la reunión de los consejos consultivos de Política Agraria y de Pesca, celebrada ayer por videoconferencia, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha compartido con las comunidades autónomas el contenido de la carta que España ha encabezado junto a otros 19 Estados miembros y que ha sido enviada a la Comisión Europea. El objetivo es solicitar una Política Agraria Común (PAC) con mayor dotación presupuestaria y con una personalidad jurídica propia dentro de la arquitectura institucional comunitaria.

La iniciativa cuenta con el respaldo conjunto de las comunidades autónomas, que han manifestado su apoyo a través de una intervención común. Esta posición fue expresada en la reunión por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, en nombre de todas las autonomías.

Durante el encuentro se abordó la posición de España de cara al próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE, que se celebrará en Luxemburgo los días 23 y 24 de junio. En el orden del día figuran 14 puntos centrados en asuntos agrarios y pesqueros, entre ellos la propuesta de comunicación sobre pesca sostenible. En este ámbito, se ha insistido en que el Mediterráneo debe seguir siendo una prioridad estratégica para España. En el marco de las negociaciones sobre posibilidades de pesca para 2026, se solicitará que se tengan en cuenta no solo criterios biológicos, sino también el impacto socioeconómico, la mejora de la selectividad y una reforma del plan plurianual del Mediterráneo para evitar que las restricciones dependan únicamente de la especie más vulnerable.

En el ámbito agrícola, el Ministerio ha valorado de forma positiva el paquete de simplificación de la PAC presentado por la Comisión Europea el pasado mayo. Entre las medidas incluidas destacan la eliminación de la obligación de liquidación anual del rendimiento, la opcionalidad en el acceso a los ecorregímenes, la ampliación del régimen simplificado para pequeños agricultores y la reducción de exigencias técnicas en el sistema de monitorización de superficies. También se prevé un mayor apoyo financiero a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.

En cuanto a las relaciones comerciales internacionales, se ha informado de que España sigue atentamente las negociaciones entre la UE y Estados Unidos para evitar nuevas tensiones arancelarias. Para ello, los Ministerios de Agricultura y de Economía colaboran con el sector a través de cinco grupos de trabajo, uno de ellos centrado exclusivamente en el sector agroalimentario. El objetivo es evaluar posibles impactos y preparar una respuesta europea coordinada que proteja los intereses del sector sin generar incertidumbre adicional.

Respecto a Ucrania, se han prorrogado hasta finales de 2025 las cláusulas de salvaguardia y contingentes para productos sensibles como huevos, carne de ave, miel, azúcar y cereales. Estas medidas buscan limitar el impacto de las importaciones ucranianas en los mercados agrarios europeos, mientras se negocia un acuerdo comercial más estable.

Por otro lado, se ha señalado que la Ley de la Cadena Alimentaria española está sirviendo de referencia a nivel comunitario en la reforma de la Organización Común de Mercados. La propuesta europea en debate busca reforzar la cooperación transfronteriza y combatir las prácticas comerciales desleales en el conjunto de la UE.

Finalmente, se ha informado del avance en la elaboración de una normativa comunitaria sobre plantas obtenidas mediante nuevas técnicas genómicas (NTG). España ha defendido activamente la necesidad de una regulación equilibrada que garantice tanto la seguridad alimentaria como la competitividad del sector agrícola.