El Ministerio de Agricultura (MAPA) ha comunicado a las comunidades autónomas la resolución que distribuye un total de 914 hectáreas para nuevas plantaciones de viñedo en 2025, dentro del régimen de autorizaciones vigente desde 2016. Esta medida se alinea con el límite anual fijado por la normativa europea, correspondiente al 0,1 % de la superficie plantada de viñedo a fecha 31 de julio de 2024, y responde a la recomendación de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE).
Prioridad a jóvenes y pequeñas explotaciones
La distribución de superficie se ha realizado entre los siete grupos de prioridad establecidos, permitiendo que los jóvenes viticultores y las pequeñas y medianas explotaciones reciban el 100 % de la superficie admisible solicitada, con un máximo de 5 hectáreas por solicitante.
También se ha concedido el 100 % de la superficie a aquellos solicitantes que no disponen de viñedo ilegal o abandonado y han cumplido con todos los requisitos del régimen de autorizaciones. En cambio, los solicitantes sin criterios de prioridad recibirán solo el 30,2 % de la superficie admisible.
Del total autorizado, el 70,6 % se ha concedido a pequeñas y medianas explotaciones, y dentro de este grupo, el 21 % corresponde a jóvenes viticultores. Un 2,7 % de la superficie va dirigida a jóvenes de nueva incorporación al sector vitivinícola.
Castilla-La Mancha encabeza la distribución
Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha lidera el reparto con 472 hectáreas, seguida de Castilla y León con 126 ha y Cataluña con 115 ha. Estas autorizaciones se han concedido sobre una superficie inicialmente solicitada de 1.707 ha, que tras aplicar los criterios de admisibilidad y el tope por solicitante, se ha reducido a 1.257 ha.
La resolución será notificada a los beneficiarios antes del 1 de agosto por las comunidades autónomas, siguiendo el procedimiento habitual.
Caída progresiva de solicitudes
El Ministerio ha señalado que la demanda de nuevas plantaciones continúa con su tendencia descendente. La superficie solicitada para 2025 ha disminuido un 9,5 % respecto al año anterior, cuando ya se registró una reducción del 41 % en comparación con 2023.
Este descenso en la demanda se enmarca en un contexto de crecimiento controlado del potencial vitícola y forma parte del sistema implantado en 2016, que sustituyó al anterior régimen de derechos de plantación.
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