Ayer se publicó en el BOE, el Real Decreto 916/2025, de 14 de octubre, por el que se modifican diversos reales decretos en materia de Política Agrícola Común. En uno de sus apartados se establece que “los beneficiarios de las ayudas directas de la PAC y de intervenciones en desarrollo rural, deben de aportar a la autoridad competente, cuando lo requiera, documentación que acredite el derecho al uso de las parcelas”. La autoridad competente hará un control reforzado de la documentación.
ASAJA León considera que la nueva exigencia de acreditar documentalmente el derecho al uso de las parcelas puede generar graves problemas en el campo leonés, donde la mayoría de los contratos de arrendamiento son verbales.
Un campo leonés con arrendamientos verbales
ASAJA recuerda que en la provincia de León más del 70 % de la superficie agrícola se cultiva en régimen de arrendamiento, porcentaje que alcanza el 100 % en el caso de los jóvenes agricultores. Sin embargo, la mayoría de los acuerdos entre arrendadores y arrendatarios son verbales, ya que los propietarios no suelen aceptar la firma de contratos escritos ni el pago mediante transferencia bancaria u otros medios que dejen constancia.
La organización agraria se muestra favorable a la formalización por escrito de los contratos rústicos, tal y como recoge la Ley de Arrendamientos Rústicos, pero señala que los agricultores carecen de mecanismos para imponer esta práctica cuando los propietarios se niegan, algo habitual en los entornos rurales donde prevalecen las relaciones familiares o de confianza.
Riesgo de abandono de tierras y pérdida de ayudas
ASAJA advierte que esta medida podría generar un aumento de los conflictos entre arrendadores y arrendatarios, especialmente en las zonas no concentradas de la provincia, donde predomina el minifundismo y las explotaciones de tamaño reducido. En estas áreas, los agricultores se ven obligados a aceptar las condiciones que impone el propietario para poder acceder a las tierras.
Según la organización, la obligación de presentar documentos acreditativos del arrendamiento puede provocar que muchas parcelas queden sin cultivar por falta de acuerdo entre las partes, incrementando el abandono de tierras en las zonas más marginales. Además, ASAJA alerta de que los agricultores que no logren justificar formalmente la tenencia de las parcelas podrían ser penalizados en las ayudas de la PAC.
ASAJA pide intervención del Estado
La organización agraria sostiene que solo la Administración del Estado tiene capacidad legal y de inspección para generalizar los contratos rústicos por escrito, garantizando seguridad jurídica y transparencia fiscal. En este sentido, ASAJA pide al Ministerio de Agricultura que articule un sistema que facilite la formalización de los contratos y evite sanciones a los agricultores que, por causas ajenas a su voluntad, no puedan acreditar documentalmente sus arrendamientos.
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