Donald Trump ha anunciado un nuevo paquete de ayudas directas para los agricultores estadounidenses, acompañado de un giro regulatorio sobre la maquinaria agrícola. En una reunión con representantes del sector, el presidente avanzó que su administración va a destinar 12.000 M$ en apoyos económicos al campo, financiados, según remarcó, con parte de los ingresos que Estados Unidos obtiene de los aranceles.
De esa cantidad, el equipo de la Casa Blanca detalló que 11.000 M$ se articularán como un “pago puente” para dar liquidez a las explotaciones mientras llevan al mercado la cosecha de este año y planifican la siguiente, reservando alrededor de 1.000 M$ adicionales para cultivos especiales y ajustes del programa. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, presentó esta ayuda como una respuesta a la subida de costes de fertilizantes, mano de obra e intereses, que ha reducido la rentabilidad de muchas granjas.
En su intervención, Trump volvió a situar a los productores en el centro de su discurso político, al afirmar que los agricultores son “parte de la columna vertebral de Estados Unidos” y que “maximizar la producción agrícola doméstica es una parte importante de cómo vamos a hacer de nuevo asequible América y a bajar los precios de la cesta de la compra” para las familias. El presidente defendió que este paquete, junto con los acuerdos comerciales y el uso de los aranceles, debe servir de puente hacia una nueva “edad de oro” para la agricultura estadounidense.
Menos exigencias ambientales en tractores y cosechadoras
Junto a las ayudas, Trump anunció cambios regulatorios dirigidos a abaratar la maquinaria. Según la transcripción oficial, el presidente aseguró que su administración va a “quitar muchas de las restricciones medioambientales que tienen las máquinas”, y calificó de “ridículas” algunas de las obligaciones que se han ido incorporando a los equipos en los últimos años.
Trump se refirió en particular a los sistemas añadidos para cumplir requisitos ambientales. Explicó que hoy, cuando un agricultor compra un tractor o una cosechadora, “lleva mucho equipamiento para el medio ambiente que no sirve para nada salvo encarecer la maquinaria y hacerla mucho más complicada de manejar”.
El presidente indicó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) trabajará con el Departamento de Agricultura (USDA) para revisar estas normas y “quitar mucha de esa porquería que han puesto”. En la prensa agraria estadounidense se apunta a los sistemas ligados al fluido de escape diésel (DEF, por sus siglas en inglés) como uno de los objetivos probables de esta revisión, en línea con los debates que ya venía manteniendo el sector sobre el impacto de estos dispositivos en el funcionamiento de tractores y cosechadoras. Hasta ahora, la EPA había emitido guías para flexibilizar cómo reaccionan los motores cuando se agota el DEF, sin suprimir la obligación de utilizar estos sistemas; el nuevo mensaje político abre la puerta a cambios más amplios, cuyo detalle aún no se ha concretado.
Costes de la maquinaria y respuesta de John Deere
El diagnóstico de Trump se suma a otros factores que explican el encarecimiento de la maquinaria en los últimos años. Los precios de tractores y cosechadoras empezaron a subir con las disrupciones de la cadena de suministro durante el COVID-19, la subida del coste del acero y el aluminio por los aranceles y la incorporación de tecnología avanzada: conectividad por satélite, guiado automático, sensores y sistemas digitales de gestión de datos, que aumentan el valor añadido de los equipos, pero también su precio.
El principal fabricante estadounidense, John Deere, ha reaccionado con un mensaje de prudencia. La compañía ha señalado que está “orgullosa de apoyar a sus clientes” y que comparte el objetivo de reducir costes para los agricultores y consumidores, mostrando disposición a colaborar con la administración y el Congreso en políticas que respalden la economía rural. Al mismo tiempo, su dirección financiera ha matizado que la clave para abaratar de verdad la factura del productor pasa por la eficiencia: tecnologías que ayuden a ahorrar insumos y mejorar rendimientos.
Para las explotaciones estadounidenses, la combinación de un gran paquete de ayudas y una posible relajación de requisitos ambientales podría suponer cierto alivio a corto plazo si finalmente los cambios se materializan y los fabricantes trasladan parte del ahorro a los precios de venta. Queda por definir el alcance real de las reformas que negocien EPA y USDA con la industria, y cómo se equilibrarán los objetivos de reducción de costes con las exigencias ambientales y de competitividad en otros grandes bloques agrícolas como la Unión Europea.
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