Las movilizaciones del sector agrario en Grecia se han intensificado en las últimas semanas como consecuencia de los retrasos en el pago de las ayudas comunitarias, tras destaparse un escándalo de fraude en la gestión de subvenciones agrícolas. La situación ha generado un fuerte malestar entre los agricultores, que denuncian la falta de liquidez para afrontar los costes de producción en plena campaña.

El origen de la crisis se sitúa en la detección de irregularidades en la concesión de ayudas de la PAC, relacionadas con declaraciones falsas de superficies y derechos de pago. Las investigaciones han llevado a las autoridades griegas a paralizar numerosos expedientes y a someter el sistema de ayudas a auditorías exhaustivas, lo que ha provocado el bloqueo de pagos a miles de beneficiarios legítimos.
Según informan medios internacionales, el escándalo ha afectado a decenas de millones de euros en fondos comunitarios y ha derivado en detenciones y procesos judiciales contra personas acusadas de haber cobrado ayudas de forma indebida. Las investigaciones, en las que participa la Fiscalía Europea, apuntan a redes organizadas que habrían aprovechado deficiencias en los controles administrativos para acceder a subvenciones sin cumplir los requisitos.
Como consecuencia de estas actuaciones, el organismo encargado de la gestión y el pago de las ayudas agrícolas en Grecia, OPEKEPE, ha quedado en el centro de la polémica. El Gobierno heleno ha iniciado una reestructuración del sistema de control y pago de subvenciones, lo que ha retrasado aún más la tramitación de los expedientes pendientes y ha agravado el descontento en el campo.

Las protestas se han traducido en bloqueos de carreteras, concentraciones ante edificios públicos y acciones de presión en infraestructuras estratégicas, como puertos y aeropuertos. Los agricultores reclaman que se desbloqueen cuanto antes los pagos correspondientes a las explotaciones que no están implicadas en las irregularidades y denuncian que las auditorías generalizadas están penalizando a todo el sector.
El retraso en el abono de las ayudas coincide además con un contexto de elevados costes de producción, especialmente en fertilizantes, energía y piensos, lo que ha incrementado la presión financiera sobre las explotaciones. Las organizaciones agrarias advierten de que muchas explotaciones dependen de estos pagos para mantener su actividad y afrontar las inversiones básicas.





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