Tras la movilización de 10.000 agricultores de los 27 Estados miembros de la UE el 18 de diciembre de 2025, los ministros de Agricultura de la UE se reunieron ayer en una sesión extraordinaria con los comisarios de agricultura, comercio y sanidad animal, Hansen, Šefčovič y Várhelyi, respectivamente, junto con el ministro de la Presidencia del Consejo, el chipriota Panayiotou
El objetivo de la reunión era abordar cuatro frentes: el futuro de la Política Agraria Común (PAC) tras 2027, el acceso a fertilizantes, la competitividad y reciprocidad en el comercio exterior y nuevas simplificaciones normativas para el campo.
PAC post-2027: presupuesto “blindado” y red de seguridad de crisis
Entre los principales mensajes trasladados por la Comisión figura una asignación “ringfenced” (blindada) de 293.700M€ dentro del futuro Fondo de Asociación Nacional y Regional, con la posibilidad de que los Estados miembros añadan recursos adicionales. Además, se plantea una “Unity Safety Net” de 6.300M€ que duplicaría de facto la actual reserva de crisis, y la opción de activar pagos por crisis también con el 10% de flexibilidad de los planes en caso de desastres naturales, episodios climáticos adversos o enfermedades animales.
La Comisión también propone que, como mínimo, el 10% de los recursos de cada plan se dedique a inversiones en zonas rurales, con un objetivo estimado de 48.700M€ que podría elevarse hasta 63.700M€ mediante préstamos. A ello se suma la posibilidad de movilizar desde 2028, desde el inicio del periodo, hasta dos tercios de los importes que normalmente se reservarían para la revisión intermedia (alrededor de 45.000M€) para apoyar a agricultores y medio rural.
En este contexto, el ministro español de agricultura, Luis Planas, ha insistido en que la PAC debe volver a situarse en el centro del proyecto europeo y mantener, como mínimo, el mismo nivel de financiación que en el periodo anterior, con un sistema “claro y comprensible” para el agricultor. El ministro también volvió a poner el foco en la simplificación desde el propio diseño, al considerar que la propuesta actual es excesivamente compleja.
Fertilizantes: rebaja arancelaria, CBAM y plan de acción en 2026
La Comisión reconoció que, aunque los precios se han estabilizado, los fertilizantes siguen en niveles elevados, alrededor de un 60% por encima de 2020. En este apartado, se anunció una reducción temporal de aranceles NMF (nación más favorecida) para amoniaco, urea y, si fuese necesario, otros fertilizantes, con salvaguardas para que el beneficio llegue al agricultor y pueda aplicarse ya en 2026.
Sobre el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), la Comisión recordó que introdujo una excepción específica para fertilizantes en diciembre y que el texto de modificación del reglamento incorpora una vía (nuevo artículo 27a) para monitorizar impactos y permitir suspensiones temporales en circunstancias imprevistas, incluso con la posibilidad de aplicarlas con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026 si se activa esa opción. Además, se avanzó que el Plan de Acción de Fertilizantes se presentará en el segundo trimestre de 2026, con medidas sobre transparencia, nutrientes reciclados y alternativas.
La delegación española pidió abordar con urgencia el “déficit estratégico” de fertilizantes, tanto en volumen como en precio, como factor clave para la competitividad y la autonomía estratégica del sector agrario europeo.
Comercio, reciprocidad y controles: Mercosur y el “nivel de juego” en frontera
En el bloque de competitividad global, la Comisión defendió que la UE mantiene un papel exportador destacado (235.000M€ en exportaciones agroalimentarias en 2024, con un saldo de 64.000M€) y reiteró que la agenda de acuerdos comerciales forma parte de esa estrategia. En el caso de Mercosur, sostuvo que el acuerdo podría elevar un 50% las exportaciones agroalimentarias europeas a la región y proteger 344 indicaciones geográficas, además de incluir un instrumento de salvaguardia reforzado, con un mecanismo de “freno” y activación semiautomática si se detectan cambios relevantes en volúmenes y precios.
En paralelo, la Comisión anunció más presión en controles: un 50% más de auditorías a países terceros y un 33% más en puestos fronterizos de control en 2026-2027, además del lanzamiento a finales de enero de un grupo de trabajo específico con expertos de la Comisión y Estados miembros para hacer más eficientes los controles de importación. También se citó la ampliación del etiquetado de origen, un refuerzo del presupuesto de promoción en 2026 y una campaña europea de “Buy European”.
Planas defendió la firma del acuerdo con Mercosur, por ser una oportunidad para el sector agroalimentario.
Reacción del sector: Copa-Cogeca ve avances, pero pide “decisiones claras”
Tras la reunión, el Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias y la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la UE (Copa-Cogeca) reconocieron la capacidad de reacción de la presidenta de la Comisión y el trabajo inmediato de los comisarios y ministros para escuchar al sector, pero consideraron que las propuestas no reflejan la profundidad de la crisis ni resuelven problemas estructurales.
En PAC, sostienen que los planteamientos debatidos mantienen dudas de coherencia y refuerzan discrepancias entre Estados miembros, con el riesgo de afectar al Mercado Único y distorsionar la competencia. En comercio, señalan que las medidas de reciprocidad y controles reducen solo parcialmente los riesgos y mantienen su rechazo al acuerdo con Mercosur, al entender que podría perjudicar la competitividad del campo europeo. En fertilizantes, advierten de la presión añadida ligada al CBAM y reclaman medidas inmediatas que garanticen disponibilidad y asequibilidad. Sobre simplificación, valoran el enfoque de revisar el impacto acumulado de normas ambientales y de abrir diálogo con el sector, pero piden resultados más amplios y operativos.
La reunión extraordinaria de ministros de Agricultura de la UE se enmarca, según la Comisión, en la necesidad de responder a un contexto de volatilidad, incertidumbre en mercados y presión de costes, con el objetivo declarado de sostener la competitividad del sector y la seguridad alimentaria.
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