Ayer se celebró reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE y el debate sobre el diseño de la próxima Política Agraria Común (PAC) ha vuelto al primer plano este lunes, 23 de febrero de 2026, en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE. España, junto con Francia y Portugal, y con el apoyo de otros 14 Estados miembros, ha defendido elevar la ambición para que la próxima PAC más autónoma gane coherencia y visibilidad dentro del entramado legislativo comunitario.
La posición se ha planteado en paralelo a la discusión de las recomendaciones nacionales de la PAC propuestas por la Comisión, un instrumento no vinculante que pretende orientar la preparación de los planes nacionales y la aplicación de objetivos como la renta agraria, la competitividad, el relevo generacional, el desempeño climático, la resiliencia frente a riesgos y la innovación. Varios Estados miembros han pedido que estas recomendaciones se emitan con suficiente antelación para facilitar la planificación nacional y que existan mecanismos de transición adecuados, además de basarse en datos empíricos y en las especificidades locales.
En nombre de un total de 17 Estados miembros, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que la PAC debe seguir siendo la “piedra angular” de la seguridad alimentaria, del mantenimiento de un medio rural vivo y de la cohesión territorial, en un contexto de incertidumbre geopolítica, climática y económica. En esa línea, ha defendido que la próxima PAC más autónoma cuente con dotación suficiente y capacidad de respuesta a prioridades como sostenibilidad ambiental y climática, rentabilidad de las explotaciones y relevo generacional.
De forma concreta, España ha respaldado ir más allá de la propuesta inicial de la Presidencia chipriota —que considera positiva pero insuficiente— para trasladar al reglamento específico de la PAC y al reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM) las disposiciones esenciales de política agraria que actualmente figuran en el Reglamento de Planes Nacionales y Regionales. El objetivo, según el planteamiento español, es que los debates y decisiones sobre estos elementos se mantengan en los órganos sectoriales agrarios, como el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca.
Planas ha puesto como ejemplo la definición de agricultor activo —quién tiene derecho o no a percibir ayudas—, al considerar que no debería decidirse en el Consejo de Asuntos Generales. También ha recordado que en el marco actual el único concepto en el que intervino el Consejo fue el capping (tope máximo de ayudas directas), una figura que solo España ha aplicado.
Prácticas comerciales desleales
En la sesión pública dedicada a la evaluación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales (UTP), el Consejo ha debatido el informe publicado por la Comisión en diciembre de 2025. La evaluación atribuye a la norma avances en la reducción de determinadas prácticas, especialmente la morosidad, y señala retos como la aplicación desigual entre Estados miembros y el temor a represalias, que sigue frenando denuncias. El intercambio busca alimentar una revisión prevista para finales de 2026, y se ha recordado que ya hay un acuerdo político sobre nuevas normas de aplicación transfronteriza, con previsión de publicación del reglamento en el Diario Oficial en la primavera de 2026.
España ha valorado que el informe abre la puerta a una reforma “ambiciosa” sin menoscabar normativas nacionales más avanzadas. En el caso español, se ha subrayado que la legislación ha reforzado la protección de los eslabones más débiles e incorporado los costes de producción como elemento esencial en la negociación de precios. De cara a cambios futuros, España ha defendido ampliar la protección a todos los operadores y relaciones comerciales, reforzar la obligatoriedad de contratos por escrito, publicar sanciones con carácter disuasorio e incorporar nuevas prácticas desleales, con atención al avance de la concentración del poder de compra.
Reaseguro europeo
En gestión de riesgos, y con el telón de fondo de las borrascas que han afectado a varios Estados miembros, España ha apoyado la propuesta presentada por Portugal para crear un mecanismo europeo de reaseguro activable en situaciones excepcionales, con criterios objetivos basados en series históricas. En este marco, se ha destacado el papel de los seguros agrarios combinados, y se ha recordado el aumento del presupuesto dedicado a esta herramienta en España, de 211M€ en 2018 a 315M€ en 2026.
Piedra angular,lo que vamos aprender con este ministro