El campo español no puede seguir siendo el colchón que amortigua la especulación ajena. La crisis en el Golfo Pérsico no justifica una subida inmediata de los inputs agrícolas. Lo que sí justifica es exigir que alguien vigile que las reglas se cumplen.
España no tiene instalaciones petrolíferas en el golfo Pérsico. Tampoco buques en el estrecho de Ormuz. Pero hay empresas que operan en España y que, en las próximas horas y días, van a intentar facturar como si las tuviera. Como si el bloqueo de esa vía marítima (a más de cinco mil kilómetros de nuestros campos) les autorizara a revisar de golpe los precios del gasóleo agrícola, de los fertilizantes y de la energía eléctrica que consume el sector.
No es la primera vez. Y eso es precisamente lo que más duele. Cuando tuvimos los datos en 2022 con la Guerra de Ucrania, el daño ya estaba hecho. Esta vez no vamos a esperar a recoger los cadáveres.
El argumento técnico que nadie cuenta
Empecemos por los hechos. El conflicto en el golfo Pérsico estalló el pasado fin de semana. Los mercados oficiales de crudo ni siquiera habían abierto cuando ya circulaban estimaciones de subidas del 10% en operaciones bilaterales. Comprensible como señal de alerta. Incomprensible como justificación para mover precios al agricultor de inmediato.
Los contratos de suministro de gasóleo agrícola, gas industrial y fertilizantes no funcionan en tiempo real. Las grandes distribuidoras y fabricantes trabajan con coberturas, contratos a plazo y stocks comprados semanas o meses antes de la entrega. El gas que se usa hoy para fabricar urea en una planta europea ya estaba contratado antes de que nadie oyera hablar del último episodio bélico en Oriente Próximo. El gasóleo que llegará esta semana a las cooperativas fue comprado cuando el barril estaba en otro precio.
España, además, mantiene reservas estratégicas de petróleo equivalentes a más de noventa días de consumo, tal y como exige la normativa europea. No hay desabastecimiento real hoy. Ninguna explotación agraria va a quedarse sin combustible esta semana por lo que ocurre en Ormuz. Quien diga lo contrario miente o confunde la alarma con la realidad. El precio del gas de mañana no afecta al fertilizante que ya está en el almacén del distribuidor.
Un patrón documentado y tolerado
Lo que sí existe, y con evidencia suficiente, es un patrón de comportamiento en los mercados de inputs agrícolas que se repite cada vez que aparece una excusa de suficiente entidad. Lo vimos en 2022 con la invasión de Ucrania. Los precios del gasóleo y los fertilizantes nitrogenados se dispararon en semanas, bastante por encima de lo que justificaba la evolución real de los costes de aprovisionamiento. Mientras tanto, los márgenes de las grandes energéticas y las compañías de fertilizantes marcaron récords históricos.
Los agricultores perdieron dinero. Las energéticas ganaron más que nunca. No es una opinión: es lo que reflejan las cuentas de resultados publicadas ese año.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha documentado en distintos informes la estructura oligopolística del mercado energético español y sus efectos sobre los precios al consumidor industrial. El mercado de inputs agrícolas ( gasóleo, fertilizantes, electricidad para riego ) presenta una concentración elevada que otorga a los grandes operadores un poder de fijación de precios que va muy por delante de lo que marcaría una competencia real.
En ese contexto, una crisis como la de Ormuz no es solo un problema de suministro. Es también una oportunidad de mercado para quien tiene posición dominante. Y ese es el riesgo que hay que vigilar. En 2022 nos dijeron que era culpa de Putin. Ahora nos dirán que es culpa de Irán. Pero los beneficios extraordinarios siempre acaban en el mismo sitio.
Lo que pedimos: vigilancia, no intervención
Desde COAG no pedimos que el Gobierno controle los precios ni que intervenga en los mercados de forma arbitraria. Pedimos algo más sencillo y más exigible: que alguien vigile que las reglas se cumplen. Que la CNMC active de forma inmediata un seguimiento de cualquier movimiento de precios en los principales inputs agrícolas que no esté justificado por costes reales de aprovisionamiento. Que el Ministerio de Agricultura ponga en marcha los mecanismos de monitorización que contempla la normativa de la cadena alimentaria. Y que España traslade a Bruselas la necesidad de activar los instrumentos de alerta temprana previstos en el Reglamento de Crisis Agroalimentaria. No es mucho pedir. Es lo mínimo que un Estado puede hacer por un sector que alimenta a 50 millones de personas en España y una parte importante de la UE.
La pregunta que nadie quiere responder
Hay una pregunta incómoda en el centro de todo esto. Si los precios de los inputs agrícolas suben deprisa cuando sube el petróleo, pero bajan despacio cuando baja, ¿estamos ante un mercado que funciona o ante una posición de dominio que se ejerce sin consecuencias? La respuesta es conocida. Lo que falta no es información: es voluntad política de actuar sobre ella.
El campo español lleva demasiados años siendo el eslabón más débil de una cadena que reparte las ganancias hacia arriba y los costes hacia abajo. Cada crisis (sanitaria, climática, geopolítica) termina con los mismos pagando los platos rotos. Esta vez, al menos, queremos que conste que lo hemos dicho antes de que ocurra.
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