La caída del precio del arroz redondo de marca blanca en las grandes cadenas de distribución amenaza la rentabilidad de los arroceros valencianos. Lidl y Carrefour han situado el kilo en 1,09 €, muy por debajo de los 1,30-1,35 €/kg que ofrecen otros operadores del mercado, según denuncia La Unió de Llauradors.
La organización agraria valenciana advierte de que este nivel de precios es incompatible con la sostenibilidad de la cadena alimentaria, dado que el coste de producción del arroz redondo se sitúa en torno a los 0,70 €/kg, una vez sumados agua, energía, fertilización, fitosanitarios, mecanización, amortizaciones y mano de obra. Cualquier reducción adicional en el valor de la cadena, señala la entidad, supone operar por debajo de costes.
Una tormenta perfecta
La presión en los lineales coincide con un incremento notable de las importaciones. En 2025, España recibió casi 400 millones de kg de arroz procedente del exterior, un volumen que, pese a haberse reducido ligeramente (-5% respecto al año anterior), ha experimentado un cambio estructural en su procedencia. Argentina aumentó sus envíos un 36%, superando los 88 M de kg, mientras que India disparó sus exportaciones a España un 217%, hasta alcanzar más de 37 M de kg. En paralelo, orígenes tradicionales como Myanmar (-22%) o Pakistán (-51%) retrocedieron con fuerza.
La situación podría agravarse con la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, prevista para el 1 de mayo, que abrirá aún más el mercado europeo a producciones de terceros países con estándares inferiores a los europeos.
A este escenario se añade, según La Unió, una falta de transparencia en el etiquetado: buena parte de los arroces de marca blanca solo indica el lugar de envasado, sin identificar el origen del producto, lo que impide al consumidor tomar decisiones informadas y facilita la entrada de arroz importado sin visibilidad para el comprador.
El arroz, cultivo estratégico
La organización considera que existen indicios de prácticas contrarias a la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe la destrucción de valor y la compra por debajo de costes, así como posibles ventas a pérdidas cuando estas distorsionan el mercado. Por ello, ha solicitado a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y a la Dirección General de la Industria y Cadena Agroalimentaria de la Generalitat Valenciana que abran una investigación sobre las políticas de precios de ambas cadenas, que analicen los contratos con proveedores, que verifiquen el cumplimiento normativo y que apliquen sanciones si se detectan irregularidades.
La Unió subraya que el arroz no puede utilizarse como producto reclamo a costa de hundir los precios en origen, ya que el cultivo tiene un valor estratégico para el territorio valenciano: su vinculación con espacios como la Albufera lo convierte en un elemento clave para el equilibrio ambiental y socioeconómico de las zonas productoras.
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