Una resolución de la CNMC de 26 de febrero de 2015 constata un pacto de precios, de forma continuada desde 2000 a 2013, para el control del mercado de aprovisionamiento de leche cruda y abre una vía de reclamación a todos los ganaderos, entre 0,05 a 0,07 euros/litro de leche entregada durante esos años, por ganancias ilícitas de la industria láctea. Los ganaderos granadinos, sin embargo, no tienen intención de ejercer su compensación por los daños sufridos, ante el temor a represalias.

Los ganaderos granadinos podrían reclamar a la industria láctea hasta 40 millones de euros, entre 0,05 y 0,07 euros/litro de leche entregada desde el año 2000 a 2013, a raíz de la sentencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de 26 de febrero de 2015 que prueba que quince empresas, entre ellas Lactalis y Puleva, participaron durante el citado periodo en conductas anticompetitivas por intercambio de información en relación a precios y estrategias comerciales y sobre ganaderos, materializándose en ocasiones en acuerdos para coordinar precios de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales, según esclarece la propia CNMC. Esto ha conllevado, además, para varias de las empresas implicadas, y dos asociaciones del sector lácteo, multas por valor total de 88,2 millones de euros.

No hay nada que no supiéramos. ASAJA GRANADA ha venido denunciando desde hace más de catorce años esta conducta anticompetitiva de la industria láctea y la situación de indefensión de los ganaderos, pero esta sentencia sí marca un hito, porque prueba, precisamente, la existencia de conductas prohibidas que distorsionan el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores y en perjuicio de la parte más débil, como son los productores, más atomizados, con menor poder negociador y obligados a vender su producción para conservar su cuota.

Podría ser un aviso para que las cosas comenzaran a hacerse de otro modo. La realidad muestra lo contrario. Las empresas lácteas y asociaciones del sector infractoras han ganado durante doce años más de 800 millones de euros indebidos y la multa impuesta representa solo el 10% de su facturación por lo que, en definitiva, han salido ganando. De hecho, continúan campando a sus anchas, ejerciendo la misma presión a los ganaderos con bajadas de precios injustificadas y con rescisión de contratos de aprovisionamiento de leche, con un caso ejemplar, el de la cooperativa navarra San Antón, única colaboradora en la investigación de la CNMC, llevada al punto del colapso por presunto boicot de la empresa Senoble. El resultado es que nuestros ganaderos no se atreven a reclamar el dinero que les ha robado la industria láctea por temor a sus represalias.