Unión de Uniones denuncia el incumplimiento de la mayoría de las empresas compradoras de uva y vino en el plazo del pago a productores y cooperativas. La organización ha pedido en la reunión mantenida esta semana con la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) dependiente del Ministerio de Agricultura que realicen los oportunos controles y sancione a aquellas empresas que no han cumplido los plazos de pago tan y como contempla la Ley de la Cadena Alimentaria que entró en vigor en 2014. Dicha Ley sanciona como grave dicha infracción con multas que oscilan entre los 3.001 y 100.000 euros.

Hay que tener en cuenta que las competencias en las materias reguladas por la Ley 12/2013 de funcionamiento de la cadena alimentaria están repartidas y que la investigación y sanción de incumplimientos de la norma cuando las operaciones afectan a una única región corresponden a las autoridades autonómicas.

De las medidas establecidas por dicha Ley, una de las más relevantes para los viticultores es la obligatoriedad de formalizar contratos por escrito cuando los operadores realicen transacciones comerciales superiores a los 2.500 euros y estén condicionadas por un cierto desequilibrio como cuando uno de los operadores es una PYME y otro no, o cuando uno de ellos es un productor primario que comercializa productos perecederos.

Junto a esta, otra de las cuestiones a tener muy en cuenta es la Ley 15/2010 de morosidad, que determina que el plazo máximo de pago para los productos perecederos (como es el caso de la uva) es de 30 días, y el de los productos transformados (como es el vino), de 60 días.

Aunque el Estatuto de la Agencia de Información y Control tiene menos de un año de vigencia, esta pasada campaña 2014/2015 ha sido la primera en la que la AICA y la Consejería de Agricultura deberían haberse responsabilizado del control de la obligatoriedad de la existencia de contratos de compraventa de uva por escrito y del cumplimiento de los plazos.

Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los 110 expedientes sancionadores abiertos por la AICA (un 40 % por incumplimientos de pago de plazo y un 15 % por inexistencia de contrato) se han referido al sector vitivinícola, pese a que los incumplimientos han sido en dicho sector práctica habitual. Ello se ha debido a que el organismo ha centrado sus controles de oficio en los sectores de aceite de oliva, leche, frutas y hortalizas y carne de pollo, si bien están en fase de investigación 5 denuncias presentadas en el sector vitivinícola.

En el caso de Castilla-La Mancha la AICA ha realizado 72 acciones de control, exclusivamente en el sector oleícola, según ha informado el Ministerio en sede parlamentaria, y las únicas sanciones impuestas, por un total de 2.169 € se han debido a expedientes abiertos por impagos de las cotizaciones a la Interprofesional del Aceite de Oliva.

La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera que tanto la Consejería de Agricultura como la AICA, además de analizar lo sucedido en la anterior campaña deben mostrarse especialmente vigilantes de cara a la vendimia de este año con el fin de que se cumplan en el sector vitivinícola las normas de la Ley de la Cadena Alimentaria establecidas para amparar al eslabón más débil de la misma, que es el viticultor. Para ello la organización ha manifestado a la AICA en la reunión mantenida su mejor disposición para colaborar en ese objetivo. Fuente: Unión de Uniones de CLM