LA ALIANZA UPA-COAG ha trasladado al Procurador del Común una carta en la que le solicitamos mantener una reunión urgente para explicarle con detalle el problema que está generando la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), por su negativa a permitir que se realicen sondeos de agua de menos de 7.000 metros cúbicos/año.

Nuestro objetivo es denunciar la indefensión en la que se encuentran agricultores y ganaderos jóvenes con expedientes de incorporación y modernización de explotaciones, además de pequeñas industrias agroalimentarias del medio rural, que tienen paralizados sus proyectos desde el año 2012 ante la negativa del organismo de cuenca a permitir que se realicen sondeos en provincias como Valladolid, Zamora, Salamanca, Segovia y Ávila. Además la prohibición de la CHD está imposibilitando el cumplimiento de la Ley 5/2005 de sacar las explotaciones ganaderas fuera del casco urbano.

LA ALIANZA UPA-COAG pide a esta institución de Castilla y León que intervenga ante la falta de voluntad política que está demostrando la CHD en un problema muy serio, que afecta a cientos de iniciativas con grave repercusión en las economías del medio rural de nuestra comunidad autónoma.

Nuestra organización reclama amparo al Procurador del Común ante esta injustificada prohibición de la Confederación, y por lo tanto del Ministerio de Medio Ambiente, que está dañando muy seriamente la economía de un gran número de ciudadanos de Castilla y León.

Tal es el perjuicio que incluso las empresas de perforaciones de Castilla y León se están viendo obligadas a despedir trabajadores o incluso a dejar su actividad por la ruina que les supone esta prohibición totalmente arbitraria e injustificable, puesto que en ningún caso están en peligro las masas de agua de la comunidad autónoma.

LA ALIANZA UPA-COAG en su afán de defender y proteger los derechos de los ciudadanos del medio rural y del sector agrario regional, trasladará a la citada institución la necesidad de que se adopten medidas con urgencia, puesto que esta situación no se puede prolongar un año más, hasta la aprobación del nuevo Plan Hidrológico Nacional, ya que muchos profesionales se verán obligados a abandonar su proyecto y emigrar del medio rural.

Nuestra organización confía en que el Procurador del Común actúe y defienda una causa justa a fin de lograr que la administración central rectifique y no ponga más trabas de las que hoy en día hay, tanto al desarrollo rural como a la lucha contra la despoblación en Castilla y León.