El Ministerio de Agricultura, a través del FEGA, acaba de hacer públicos los datos de aplicación del Plan Nacional de Apoyo Vitivinícola del ejercicio 2014 completo (16/10/2013 al 15/10/2014), según el cual Castilla-La Mancha habría recibido 92,4 millones de euros para las medidas de promoción en terceros países, reestructuración de viñedo, inversiones en el sector y destilación de subproductos. Esta cifra supone casi la mitad, el 48,2 % del total de recursos del Plan gastados por todas las Comunidades Autónomas; aunque ha habido una reducción significativa, del 18,5 %, respecto de los recursos recibidos por nuestra región en el ejercicio 2013 por los mismos conceptos.

El mayor paquete presupuestario del Plan de Apoyo Vitivinícola en Castilla-La Mancha se ha consumido para los programas de reestructuración y reconversión del viñedo, que han absorbido casi 65 millones de euros (el 70,4 % del volumen regional). La promoción en países terceros ha supuesto algo más de 2 millones de euros, las inversiones cerca de 3 y la destilación de subproductos unos 22,4 millones de euros.

El importante volumen de recursos destinados a la reestructuración de viñedo ha respondido al esfuerzo que están realizando los viticultores castellano-manchegos por aquilatar sus producciones a las calidades demandas y economizar en costes productivos. Un esfuerzo que no tiene reflejo en las cotizaciones de la uva, tal y como se ha comprobado en la pasada vendimia en la que, además, se ha puesto nuevamente de manifiesto que siguen sin resolverse las importantes carencias que arrastra el sector en cuanto a elaboración de contratos y respeto a las normas de plazo en los pagos.

La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera que de cara al futuro Plan Nacional de Apoyo tras la Reforma de la PAC, cuyo borrador tiene pendiente de publicación el Ministerio de Agricultura, deberían introducirse cambios sustantivos para que los recursos públicos destinados al sector contribuyan a resolver dichas carencias. Desde que en 2009 se apoyaran por primera vez los proyectos de promoción del vino en terceros países, Castilla-La Mancha ha invertido del orden de 25,2 millones de euros de dinero público en esta medida. Pese a ello, el incremento significativo de los volúmenes exportados por nuestra región en los últimos años se ha basado fundamentalmente en la depreciación de su valor y en remunerar escasamente la uva, a veces incluso por debajo de los costes de producción. A estos 25,2 millones de euros de promoción se han unido también en 2014 los casi 3 millones más del capítulo de inversiones en transformación y comercialización.

La organización cree imprescindible que el nuevo plan la concesión de este tipo de ayudas a las bodegas y firmas privadas, así como otras de desarrollo rural destinadas también a la mejora de la transformación y comercialización, deben condicionarse al respeto a la Ley de Mejora de Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y por lo tanto a la firma de contratos en las condiciones que la misma establece; así como al cumplimiento de los plazos de pago previstos para la uva en la Ley de Lucha contra la Morosidad. Igualmente debería considerarse beneficiarias prioritarias de estas ayudas a las cooperativas y a las entidades privadas que formalizasen relaciones contractuales estables de suministro con los viticultores o sus cooperativas.