El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha escuchado la voz de los 2.000 viticultores que se manifestaron el 29 de julio frente a la Consejería de Agricultura. Son precisamente ellos, los que han servido de “cortafuegos” de esta situación, vendiendo su vino prácticamente sin precio desde el anuncio de la medida

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha lamenta que el Gobierno siga adelante en su intención de aplicar el Decreto de Destilación Obligatoria. Este viernes, tal y había alertado UPA, el Consejo de Ministros ha aprobado esa medida que se ha cebado principalmente con esta región. La organización había insistido en una necesaria “destilación de crisis” con ayudas económicas -porque de esa manera se habría asegurado al sector productor unas rentas que garantizarían como mínimo los costes de producción- pero ha criticado duramente la publicación de este Decreto de Destilación Obligatoria, cuyo simple anuncio provocó un hundimiento estrepitoso de los precios del mercado al entenderse “que se iba a regalar el vino”.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha criticado que el Consejo de Ministros haya aprobado el Real Decreto de Destilación Obligatoria -sin ayudas- que afecta principalmente a nuestra región. Desde la organización recuerdan que UPA fue la primera en decir “no” al Ministerio de Agricultura, en la reunión mantenida el 9 de julio y, posteriormente, el 29 de julio movilizó a 2.000 viticultores frente a la Consejería de Agricultura en Toledo para pedir amparo al Gobierno de Castilla-La Mancha que, sin embargo, ésta ha mantenido una actitud de seguidismo en lugar de defender los intereses de esta tierra. Las consecuencias han sido nefastas, como ha quedado patente con los precios publicados en las tablillas de las bodegas, esta campaña de vendimia.

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo ha insistido en que “los precios que actualmente se están pagando por la uva no cubren los costes de producción y están arruinando a miles de familias en Castilla-La Mancha”. Julián Morcillo ha explicado que el Real Decreto –que se ha aprobado este viernes- tiene como intención obligar a destilar hasta cuatro millones de hectolitros de vino para reducir sus excedentes, “pero ya ha provocado graves consecuencias desde su anuncio, la más grave es el desplome del precio del vino”.

“Lo que ha quedado claro es que desde el 9 de julio que el Gobierno anunció esta medida las bodegas y cooperativas de Castilla-La Mancha se lanzaron a vender el vino a precios de ruina para que no les obligaran a tirarlo en septiembre y estos precios se han trasladado a la actual campaña de vendimia, precisamente cuando han aprovechado para publicar el Real Decreto oficialmente”, ha añadido.

En Castilla-La Mancha lo que hay detrás del vino “son 100.000 viticultores, 70.000 familias (que dependen, directa o indirectamente, del viñedo), 38.000 puestos de trabajo fijos y 9 millones de jornales cada año. Estamos hablando de un cultivo que genera un 60 % de la mano de obra del conjunto de la agricultura en esta región y que es el motor económico del sector más importante de la comunidad autónoma. Creemos que se debería haber tenido bastante más sensibilidad tanto por el Ministerio como por la Consejería”.