Con el fin de afrontar la discriminación que sufren las mujeres en el sector agrario, el Gobierno Vasco presentó ayer el Anteproyecto del Estatuto de la Mujer Agricultora. La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia ha explicado en rueda de prensa que esta Ley servirá para el “reconocimiento profesional de las mujeres agricultoras, su estima social y el ejercicio efectivo de sus derechos profesionales, sociales y fiscales”.
La consejera ha destacado que existe un desequilibrio entre hombres y mujeres en el entorno rural en lo referente a los titulares de las explotaciones, en los nuevos jóvenes baserritarras o a la “casi nula” representación de las mujeres en órganos de decisión del ámbito agrario. Así, esta ley “pionera” plantea medidas como aumentar la representatividad de las mujeres en los órganos de decisión para hacer efectiva la participación de éstas en las políticas agrarias; el Gobierno priorizará la figura de titularidad compartida a la hora de conceder ayudas; y se contemplarán factores diferenciales entre hombres y mujeres en ámbitos como los riesgos laborales.
Por otro lado y preguntado por los periodistas, el portavoz del Gobierno Josu Erkoreka ha afirmado que “ningún preso” integrado en el colectivo EPPK, ha a optado «por la vía de los beneficios individuales”. “Esta es la realidad constatable”, ha afirmado el portavoz, quien ha apuntado que los reclusos sufren una “doble condena”, la primera impuesta por los jueces y la segunda «impuesta por la propia ETA, que les impide solicitar libre e individualmente los beneficios penitenciarios a los que tienen derecho». A este respecto, Erkoreka ha recordado que los presos del IRA se acogieron permisos ordinarios, «como cualquier otro preso» antes de suscribir el acuerdo Stormont.
En otro orden de asuntos, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad Arantza Tapia ha declarado que la propuesta de dictamen del presidente de la Comisión de investigación de Epsilon e Hiriko es «absolutamente sesgado y de parte». La consejera lo argumenta diciendo que este informe sólo se refiere la actuación del Consejo Vasco de Promoción Económica y no menciona las ayudas concedidas por el Gobierno español. En cuanto a las patentes de Hiriko, Tapia ha explicado que dos de ellas se han liberado puesto que han sido “superadas” por otras patentes más avanzadas que permiten el desarrollo del conjunto del vehículo. La consejera ha asegurado que “el know how y el desarrollo tecnológico está absolutamente protegido y en manos de empresas vascas a las cuales se les asignó el proyecto”. Así Tapia ha concluido diciendo que no ha habido «ni venta ni pérdida de ninguna tecnología»
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