El Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV), patronal europea a la cual pertenece la Federación Española del Vino (FEV), ha denunciado hoy la propuesta de decisión del Consejo de Ministros de la UE para la renovación del AIEM aplicable en las Islas Canarias que permitiría imponer un gravamen del 5% a todos los vinos de la partida 2204 que entren en el archipiélago, tanto embotellados como a granel.

El sistema de Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) de las Islas Canarias, cuyo régimen actual expira el próximo 30 de junio, grava de forma general los productos importados u obtenidos en las Islas e incluye exenciones para determinadas mercancías producidas en el Archipiélago con el objeto de proteger la producción agrícola, ganadera e industrial propia.

Actualmente está pendiente su renovación para el periodo 2014-2020 y la propuesta estará sobre la mesa del Consejo de Ministros antes de que acabe el mes de junio. Si es aprobada, se incluiría al vino en el listado de productos gravados y este nuevo impuesto podría entrar en vigor el 1 de julio al 2020, penalizando los envíos de vinos a las Islas Canarias desde el resto de España y desde los demás Estados miembros de la UE.

Tanto la patronal europea como la FEV consideran que cualquier intento de aprobar y aplicar este gravamen a los vinos estaría “absolutamente injustificado”, ya que ninguno de los argumentos que apoyan el sistema AIEM, relacionados con la protección a la industria local por sus condiciones particulares de insularidad, se aplica a los vinos. De hecho, en la revisión del AIEM de 2002, ya se intentó incluir al vino entre los productos gravados, pero al final, y gracias a la actuación de la FEV, el vino quedó exento.

Para el secretario general del CEEV, José Ramón Fernández, esta medida supone una barrera claramente discriminatoria y proteccionista incompatible con las reglas fundamentales del Tratado de la UE. En su opinión, “más allá de ser una flagrante distorsión de la competencia en el mercado interior, esta medida estaría en clara contradicción con los objetivos de la política comercial y agrícola europea para el sector vitivinícola de la UE y enviaría una señal muy negativa de proteccionismo comercial a terceros países en un momento en el que el sector europeo del vino necesita más que nunca el buen desarrollo de sus exportaciones”.