El PSOE pide al Gobierno más transparencia y menos euforia en relación a la nueva PAC

“Lo exigible al Gobierno es más transparencia y menos euforia en relación a la nueva PAC”, denunció hoy el portavoz de Agricultura, Alejandro Alonso, quien asegura que los acuerdos alcanzados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en Madrid los días 20 y 21 de enero, sobre la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España para el periodo 2014-2020 “carecen del consenso necesario entre las Comunidades Autónomas y los sectores afectados y perjudican especialmente a Andalucía”.

“El modelo de aplicación no está cerrado, quedan muchas incertidumbres por resolver”, asegura Alonso, que advierte de que “miles de agricultores y ganaderos perderán el 30% de las ayudas” pese a lo afirmado por el Gobierno.

Así, entre otras cuestiones que critican los socialistas, denuncian la disminución de fondos del Gobierno al Desarrollo Rural, porque se limitará a poner el 30% de cofinanciación en todas las regiones frente al 50% del periodo anterior; consideran “poco exigente” la definición de “agricultor activo” o de “actividad agraria”; inciden en que la asignación de pagos acoplados desprecia la posibilidad de llegar al 15 del sobre nacional; y alertan de la opacidad en relación al modelo de regionalización.

Además, el Grupo Socialista exige la inmediata presentación pública del Plan de Comercialización para que cada agricultor y ganadero pueda realizar el cálculo de las nuevas ayudas.

Andalucía, “especialmente maltratada por el Gobierno del PP”

El portavoz de Agricultura ha explicado que Andalucía es una Comunidad “especialmente maltratada por el Gobierno del PP” con los acuerdos alcanzados para la aplicación nacional de las ayudas europeas de la PAC: tanto en el primer pilar, relativo a la definición de los criterios de asignación de las ayudas directas, como el segundo de la distribución de los fondos para desarrollo rural, por lo que Andalucía manifestó su oposición a ambos.

“A esta falta de consenso contribuye también el hecho de que han quedado totalmente excluidas de estas negociaciones las Organizaciones Profesionales Agrarias, es decir, los representantes de los afectados por este nuevo modelo de reparto de las ayudas PAC”, añadió Alejandro Alonso.

«El Gobierno del PP ha impuesto unas nuevas reglas de juego en materia de desarrollo rural”, denuncia Alonso, porque las aportaciones estatales se han visto reducidas prácticamente a la mitad respecto a años anteriores: “Hasta ahora la cofinanciación nacional se repartía al menos al 50% entre Estado y CCAA, y ahora el gobierno central solo aportará el 30% en todas las CCAA, perjudicando a todas ellas, especialmente a las regiones más desfavorecidas como Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y Galicia”. Así, un cálculo aproximado desvela que el Estado recortará unos 1.600 millones de euros de los 4.000 millones de euros que venía aportando; “El ministro Cañete se ahorrará unos 750 millones, y obligará a poner unos 860 más a las CCAA o se perderán para el desarrollo rural”, asegura Alonso.

“El esfuerzo adicional que Arias Cañete exige a las CCAA es especialmente acusado en el caso de Andalucía que, además de ser la única comunidad que baja en dotación FEADER –la parte Europea-, recibe mucho menos del Estado, estimándose una pérdida de 400 millones de euros.

Comparecencia del Ministro y creación de una subcomisión

“Es una oportunidad perdida para establecer un modelo de política agraria que dirija las ayudas a los profesionales y a las explotaciones que crean empleo”, resume Alejandro Alonso, que alerta de que el nuevo modelo no garantiza que no se produzcan trasvases de fondos entre territorios y entre particulares en el régimen de pago básico.

Para que el Gobierno aclare todas las dudas generadas, el Grupo Parlamentario Socialista solicita la comparecencia urgente del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ante la comisión parlamentaria para explicar los acuerdos adoptados.

Además, el Grupo Parlamentario Socialista prepara una batería de preguntas al Gobierno sobre esta cuestión, y una solicitud de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para escuchar la valoración de expertos y representantes tanto de las CCAA como del sector.