El Consejo de Ministros de Francia aprobó la semana pasada un proyecto de Ley de Consumo que espera mejorar los pesos en la cadena alimentaria y reequilibrar las relaciones entre productores, transformadores y comercio.
Una de las novedades que introduciría la ley es que los contratos deberían incluir una cláusula que obligue a la distribución a renegociar los precios de los contratos en el caso de una excesiva variación de las cotizaciones de las materias primas.
El proyecto de ley también recoge las sanciones que se impondrían en el caso de incumplimiento de contrato, que podrían llegar a 75.000 euros para personas físicas y hasta 375.000 euros para persona jurídica.
Además, se prevé un reforzamiento de los controles con el fin de luchar contra los fraudes y las prácticas abusivas. También refuerza la efectividad de la legislación sobre los retrasos de los pagos, a fin de asegurar la tesorería de las PYMES.
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