La Comisión Europea ha dado un paso más en su lucha contra la pesca ilegal a escala mundial y ha advertido a ocho terceros países que corren el riesgo de ser considerados países no cooperantes en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

Los países en cuestión son Belice, Camboya, Fiyi, Guinea, Panamá, Sri Lanka, Togo y Vanuatu. La decisión de hoy es la primera en su género y pone de relieve que estos países no están haciendo lo suficiente para combatir la pesca ilegal. Se han identificado deficiencias concretas, tales como la falta de diálogo o de medidas para subsanar carencias en materia de seguimiento, control y vigilancia de las actividades pesqueras, y se sugieren medidas correctoras para ponerles remedio.

La decisión no supondrá, por el momento, la adopción de ninguna medida que afecte al comercio. Los ocho países han recibido la notificación correspondiente y se les ha concedido un plazo de tiempo razonable para responder y adoptar medidas a fin de corregir la situación. La Comisión ha propuesto asimismo un plan de acción para cada país. Si la situación no mejora, la UE podría adoptar nuevas medidas, y, entre ellas, medidas comerciales tales como la prohibición de la venta de productos de la pesca a la UE.

Maria Damanaki, Comisaria europea responsable de asuntos marítimos y pesca, ha declarado lo siguiente: «No estamos hablando de una lista negra, sino de una tarjeta amarilla. Queremos que estos países sean nuestros socios en la lucha contra la pesca ilegal. Queremos que mejoren sus sistemas jurídicos y de control tal como exige la normativa internacional. Pero también queremos hacer saber al mundo que la UE no tolerará la pesca INDNR, pues es una actividad delictiva que pone en peligro los medios de vida de las comunidades pesqueras y diezma las poblaciones de peces. Tiene que erradicarse por todos los medios.»

La lucha contra la pesca ilegal forma parte de los esfuerzos que lleva a cabo la UE para garantizar la explotación sostenible del mar y de sus recursos. En su condición de mayor importador mundial de pescado, la UE quiere cerrar sus mercados a los productos de la pesca capturados de forma ilegal. La Comisión considera que los ocho países en cuestión no han cumplido hasta ahora sus obligaciones como Estados de abanderamiento, Estados rectores del puerto, Estados ribereños o Estados de comercialización, en consonancia con instrumentos del Derecho internacional tales como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces. Es necesario, por ejemplo, que los países modifiquen su marco jurídico para combatir la pesca INDNR, mejoren las medidas de control y seguimiento o adopten una actitud proactiva en lo relativo al cumplimiento de la normativa internacional.

La decisión de la Comisión, en la que también se ha tenido en cuenta el nivel de desarrollo de cada país, es fruto de un análisis minucioso y se ha adoptado tras un largo periodo de contactos informales con los países afectados. Ahora se pone en marcha un procedimiento formal de diálogo y cooperación con estos países a fin de solventar las deficiencias constatadas.