El próximo jueves 1 de noviembre comienza la temporada de caza en la Comunidad Foral de Navarra. Ante esta próxima apertura de la veda, las organizaciones de conservación de la naturaleza piden al Departamento de Medio Ambiente que decrete urgentemente la suspensión de la actividad cinegética en los cotos de caza de las localidades de Tudela y Citruénigo. En ambos lugares se producía el pasado mes de abril el caso de envenenamiento más grave del que se tiene registro.

El caso de los cebos envenenados de cotos situados en las localidades navarras de Tudela y Citrúenigo ha causado la muerte de a más de 140 rapaces, algunas de ellas declaradas en peligro de extinción. El efecto del veneno, además, se extiende a más 10.000 hectáreas de terreno. Se trata del caso de envenenamiento más grave de los conocidos en España. Los hechos tuvieron lugar en el mes de abril y los cinco detenidos fueron puestos a disposición judicial a mediados de julio.

Cuando quedan apenas dos días para el comienzo de la temporada de caza, resulta inaceptable que no se hayan tomado medidas para suspender esta actividad, tras casi seis meses desde que tuviera lugar el delito.

Se tiene constancia de que el envenenamiento se llevó a cabo para eliminar predadores de los cotos de caza. En el caso están imputados presidentes y guardas de las fincas.

La suspensión de la caza es absolutamente necesaria por varios motivos. En primer lugar, para reducir la presión y las molestias sobre las especies que han sufrido el envenenamiento y, con ello, facilitar, su recuperación. En segundo lugar, para asegurar que no se sigue gestionando ilegalmente la caza o que se obtiene un beneficio de una actuación ilícita y, en tercer lugar, porque el riesgo del veneno persiste, ya que nunca se está seguro de haber retirado todos los cebos envenenados y éstos pueden ser ingeridos por especies de caza que pueden ser a su vez ingeridas por el hombre.

Las organizaciones ecologistas creen que el Departamento de Medio Ambiente no está actuando correctamente, incumpliendo sus obligaciones de proteger los bienes públicos. De este modo se favorece a quienes han infringido las normas, en detrimento de la seguridad de las personas y de la protección del medio ambiente. Se trata de un contradictorio mensaje de apoyo y de impunidad a quienes han decidido situarse por encima de la ley.

También denuncian que, desde que se dio a conocer el caso, se ha continuado cazando en la zona. Las organizaciones ecologistas instan por tanto al Departamento de Medio Ambiente a adoptar una resolución inmediata de suspensión de la caza en estos cotos.