La agricultura andaluza vive una situación sin precedentes, a la incertidumbre que está generando la incógnita sobre el futuro de los pagos directos de la PAC, en este momento pendientes de su reforma en Bruselas, y de los que depende de media el 40% de la renta de los productores, se une la doble presión que, a modo de pinza ejercen sobre los productores los bajos precios de venta de sus cosechas y el continuo incremento de los costes de producción, en especial los fertilizantes y la energía eléctrica.

Estas dos últimas partidas han multiplicado por cinco su precio en los últimos 20 años, mientras que los precios de los productos agrarios en algunos casos han subido levemente, siempre en mucha menor medida que los costes, y en la mayoría de los casos, se mantienen en los mismos niveles de hace 20 años o incluso se han reducido, tal como ocurre con la pipa de girasol, que en 1991 se vendía a 0,51 euros/Kg y 20 años después su precio en origen está en 0,38 euros/Kg, o el trigo, cuyo precio actual es de 0,22 euros/Kg, sólo tres céntimos de euro más que en 1991, cuando si le aplicamos el incremento del IPC su precio debería haberse duplicado.

Esta doble presión está descapitalizando a los agricultores y ganaderos y ha provocado que en los últimos 10 años se hayan abandonado más de 25.000 explotaciones sólo en Andalucía.

El problema de los precios en origen no es nuevo, y desde ASAJA-Sevilla hemos demandado al Ministerio de Agricultura, tanto en la legislatura anterior como en la presente, una Ley que impida el abuso de posición dominante de intermediarios y grandes superficies y que tenga en cuenta los costes reales de producción, Ley que en estos momentos está en fase de borrador.

Sin embargo, los suministradores de fertilizantes y energía eléctrica son intocables. Estas empresas cuentan con una legislación que les protege y les ampara. Así a los primeros, a los productores y distribuidores de fertilizantes, se les permite mantener un mercado cautivo al encarecer la entrada de fertilizantes de terceros países. Los elevados derechos arancelarios que se les imponen a Argelia, Rusia, Ucrania, Bielorrusia propician esta situación de oligopolio que lleva a que nueve empresas dominen el 75% de la producción comunitaria.

Por otra parte, los suministradores nacionales justifican subidas de precios muy importantes por el incremento de los precios del petróleo y sus derivados, “casualmente” estas subidas coinciden con los momentos de mayor demanda agraria y cuando es muy difícil buscar alternativas con otros suministradores. Sin embargo, en las últimas semanas, la crisis económica mundial y el fin del invierno en el hemisferio norte han provocado una reducción de la demanda de petróleo y de sus derivados y en consecuencia de los precios del barril de crudo y del gas natural. Esta reducción del precio no se ha trasladado a los fertilizantes nitrogenados que se comercializan en España, que continúan entorno a los 500 euros/tn., precios superiores a los del mercado internacional.

Por su parte, las compañías eléctricas han incrementado sus beneficios exponencialmente desde que en 2008 se extinguiera la tarifa especial de regadío. Los precios se han incrementado en un 400%, con una subida trimestral media del 10%, lo que hace inviable el riego en aquellas explotaciones agrarias que dependen de la energía eléctrica. Estas compañías operan en situación de oligopolio en un mercado muy poco transparente en la fijación del precio del kilowatio y son a su vez productoras y distribuidoras de la energía que venden a los usuarios. Los agricultores pagan además todo el año por una potencia que sólo emplean durante unos pocos meses, los que dura la campaña de riego.

Por todo ello, desde ASAJA-Sevilla instamos públicamente a a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a que extreme la vigilancia en estos dos mercados y en sus principales operadores, y evite las disfunciones y la falta de transparencia que repercuten en un incremento de precios para los agricultores que dependen de la energía y de los fertilizantes para llevar adelante sus cosechas.

Mientras no se apruebe una Ley de la Cadena de Valor que impida el abuso de posición dominante en la fijación de los precios en el sector agrario ASAJA-Sevilla insta también al Ministerio de Agricultura a solicitar al Ministerio de Hacienda que retome la reducción fiscal que permitía deducir el 15% de la factura de fertilizantes o plásticos y el 35% de la factura del gasóleo.

Asimismo, desde ASAJA-Sevilla instamos al Ministerio de Industria a retomar el contrato de temporada para las explotaciones agrarias de regadío, de manera que los agricultores pagen por la potencia efectivamente utilizada durante los meses en los que tienen que regar sus cultivos, pero no durante todo el año como vienen haciendo ahora.