Transcurridos cinco años del septenio de programación 2007-2013 de los 17 Programas regionales de Desarrollo Rural financiados por FEADER, al Ministerio le faltan por transferir algo más de la mitad de los casi 3.000 millones de euros comprometidos. La responsabilidad de este aparente retraso no es, sin embargo, del Ministerio que aporta estos fondos, que complementan las aportaciones de la UE, con unos 8.000 millones de euros, y de las propias CC.AA., con unos 5.100 millones de euros. En estos programas el Ministerio cofinancia, pero los responsables de la ejecución son los Gobiernos autonómicos, que gestionan con un amplio margen de maniobra todas las medidas de desarrollo rural incluidas, y que son por tanto los que marcan el ritmo de avance del gasto, limitándose el Ministerio en este caso a acompañar con su aportación los gastos decididos a nivel regional.

Si bien la responsabilidad del retraso es de aquellos Gobiernos regionales que llevan un grado de ejecución más bajo de sus Programas, al Ministerio se le plantea el problema de soportar con sus Presupuestos las consecuencias de este retraso. Y es que esa mitad de los fondos pendientes de aportar representan alrededor de 1.600 millones de euros, que si se pagaran dentro del período 2007-2013 (a partir de 2014 está previsto que haya nuevos Programas), obligarían a un gasto anual de unos 800 millones de euros en 2012-2013, lo que resulta una carga difícil de soportar para los Presupuestos Generales del Estado en condiciones normales, y más en la situación actual. Téngase en cuenta, como magnitud de referencia, que todo el capítulo de transferencias de capital de todo el Ministerio en los presupuestos iniciales de 2011, antes de los sucesivos recortes, suponía 795 millones de euros (una vez descontados los fondos europeos), con lo que hubiera bastado justo para atender a los PDR, a condición de abandonar todo el resto de políticas del Ministerio gestionadas mediante este tipo de subvenciones.

Un paliativo para esta situación es la posibilidad de solapar parcialmente los dos períodos de programación durante dos años, prevista en la normativa comunitaria, de modo que durante 2014 y 2015 se pueden seguir gastando fondos de los Programas 2007-2013. La baja ejecución de la mayoría de los Programas regionales hace pensar que casi todos van a usar esta posibilidad de prórroga, con lo que el Ministerio también podría alargar en el tiempo su aportación. Repartiendo lo pendiente en estos dos años suplementarios, quedarían unas necesidades anuales de unos 400 millones de euros, que siguen siendo una cifra complicada de encajar en el actual corsé presupuestario. Y luego quedaría el problema de cómo articular este encabalgamiento de períodos con la necesidad de arrancar los nuevos programas 2014-2020.

Es de esperar que se encuentren soluciones para resolver estas dificultades presupuestarias, ya que de estos programas dependen medidas tan importantes como las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores, los planes de mejora, las primas agroambientales, etc.