Se cree que el incumplimiento del Derecho medioambiental le cuesta a la economía de la UE en torno a los 50 000 millones de euros cada año en gastos sanitarios y costes directos para el medio ambiente. En un esfuerzo por reducir esa cifra y conseguir mejores resultados medioambientales para las personas y las empresas, la Comisión ha adoptado hoy una Comunicación sobre una mejor aplicación del Derecho medioambiental de la UE.

Janez Potocnik, Comisario de Medio Ambiente, ha declarado lo siguiente: «El Derecho de la UE no es un invento de Bruselas, sino que lo adoptan democráticamente todos los Estados miembros y el Parlamento en beneficio de los ciudadanos. Unos 200 textos legislativos bien asentados protegen nuestro medio ambiente, pero no se aplican correctamente con demasiada frecuencia. Esto no sólo perjudica al medio ambiente, sino también a la salud humana, genera incertidumbre para la industria y va en detrimento del mercado único. En una época de crisis, son gastos que no nos podemos permitir.».

La Comunicación de hoy pone de relieve las ventajas del Derecho medioambiental y demuestra cómo la prevención de daños al medio ambiente puede costar mucho menos que la rehabilitación a largo plazo. El Derecho medioambiental puede reportar ventajas a la industria: la plena aplicación del Derecho de la UE en materia de residuos podría generar unos 400 000 nuevos empleos, por ejemplo, con unos costes netos inferiores en 72 000 millones de euros a la hipótesis alternativa de su incumplimiento.

La Comunicación tiene por objeto intensificar el diálogo con los Gobiernos y todas las demás partes interesadas sobre cómo colaborar mejor para conseguir una mejor aplicación del Derecho de la UE mediante la mejora de la recopilación y la difusión de los conocimientos y una mayor responsabilización de todos de cara a los objetivos medioambientales. Más concretamente, la Comunicación indicará medidas para ayudar a los Estados miembros a tener un planteamiento plenamente sistemático sobre la recopilación y difusión de conocimientos, que incluya los medios para fomentar una mayor sensibilidad sobre las cuestiones de medio ambiente.

La aplicación y el cumplimiento del Derecho medioambiental de la UE es una tarea compartida con las autoridades nacionales, regionales y locales. Suele agravar la ejecución deficiente de la misma la falta de información exacta sobre las asuntos medioambientales. Los esfuerzos de vigilancia son desiguales en el conjunto de Europa, la información generada puede ser dispersa y obsoleta y no se pone en línea la suficiente información útil. Una información mejor y más accesible a escala nacional, regional y local permitirá detectar los problemas medioambientales graves más tempranamente, lo que permitirá ahorrar gastos a largo plazo.

La aplicación correcta consiste en responder eficazmente a los problemas reales o potenciales del medio ambiente. Entre las sugerencias de mejora se cuentan unas inspecciones y vigilancia de mayor calidad, criterios sobre la manera en que los Estados miembros deben tratar las denuncias de los ciudadanos, un mayor acceso a la justicia en materia de medio ambiente y el apoyo a las redes europeas de profesionales medioambientales. En los casos en que haya problemas, debe haber compromisos más claros de los responsables de la aplicación de la normativa para conseguir mejoras con plazos e indicadores concretos que se puedan evaluar públicamente.

Próximas etapas

La Comunicación se presentará al Parlamento Europeo, a los Estados miembros, a sus ciudadanos y a todos los interesados en el ámbito de la aplicación y cumplimiento de la legislación. El resultado de los debates entre las tres instituciones de la UE preparará el terreno para el séptimo programa de acción en materia de medio ambiente.

Antecedentes

Los Estados miembros tienen la responsabilidad de garantizar que se dé cumplimiento al Derecho de la UE en materia de medio ambiente. El papel de la Comisión consiste en comprobar el respeto de los compromisos de los Estados miembros y la toma de medidas en caso contrario.

La aplicación tiene diversas dimensiones. Los Estados miembros deben adoptar leyes nacionales que den efecto detallado a la legislación acordada por la UE. Deben organizar sus administraciones para asegurarse de que estas leyes se cumplan en la práctica. Tienen que hacerse las necesarias inversiones, tales como someter los residuos a un tratamiento correcto. También deben existir medios para actuar siempre que las tareas necesarias queden sin hacer o que surjan otros problemas, tales como el vertido ilegal de residuos o la caza ilegal de la fauna protegida.

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