El Consejo de Ministros analizó, en su reunión de 5 de enero, un informe sobre la situación del sector público empresarial, que reiteraba el objetivo de reducirlo. Se confirman así las orientaciones aprobadas en marzo de 2010 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que condujeron a propuestas para eliminar 514 entidades, si bien hasta la fecha sólo han sido suprimidas 69. Además de reducirlo, se pretende mejorar el control de este sector, frenando lo que se califica como “huida del derecho administrativo” que se ha producido en la gestión de los servicios públicos en los últimos años.
Así las cosas, se plantea la cuestión de si estos planes afectarán a las empresas y entidades públicas vinculadas a los departamentos agrarios de la Administración. También en este ámbito se ha producido un crecimiento del número y el volumen de las entidades, así como el mismo fenómeno general de “huida del derecho administrativo”, aunque con fórmulas muy heterogéneas. Tanto la Administración General del Estado como la de las Comunidades Autónomas (e incluso las corporaciones locales en algunos casos) han recurrido para la gestión de la política agraria a diversas fórmulas jurídicas (sociedades anónimas de capital público, fundaciones, entes o agencias públicas, etc.) con diferentes grados de sujeción al derecho administrativo. Al lado de las tareas especializadas para las que fueron inicialmente concebidas (las obras de infraestructuras agrarias, el control de la calidad alimentaria, etc.), estas entidades han ido incorporando todo tipo de actividades, llegando a realizar tareas tan propias de la Administración como la contratación de personal que presta servicios en la propia estructura de la Administración (incluso, en casos extremos, personal de confianza como secretariados o conductores de altos cargos) o la gestión y control de subvenciones. En ocasiones han llegado a constituir casi una administración paralela, anastomosando sus estructuras con las de la Administración de la que dependen.
Por su volumen destaca la estatal TRAGSA (con una facturación superior a los 1.200 millones de euros y más de 15.000 trabajadores), pero casi todas las CC.AA. tienen entidades de diverso tipo especializadas en el ámbito agrario, siendo el caso más típico el de las sociedades anónimas con capital público. Otras fórmulas utilizadas son agencias, entes, organismos autónomos, etc., que permiten también, aunque en menor grado que las sociedades mercantiles, escapar a algunas de las limitaciones que el derecho administrativo impone a la administración general. Esta flexibilidad (que puede ser usada tanto para facilitar la gestión como para abrir paso a la arbitrariedad, la opacidad y otros comportamientos rechazables) es la que explica su crecimiento histórico, y posiblemente frene el proceso de reestructuración acordado, que tendrá dificultades, salvo que se produzca un impulso político fuerte, para tener una incidencia efectiva en el sector.
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