En este período en que el coste de la vida en Bélgica ha aumentado un 3,6 % y el ajuste salarial de los funcionarios belgas es del 3,6 %, la fórmula de cálculo del ajuste salarial anual de los funcionarios de la UE ha dado como resultado una pérdida del 1,8 % de su poder adquisitivo.

La fórmula, conocida como «el método», sigue la evolución del poder adquisitivo de los funcionarios nacionales, al alza o a la baja, de un grupo de 8 Estados miembros (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, España, Bélgica y Luxemburgo, que representan el 76 % del PIB de la UE). En otras palabras, se basa en decisiones políticas adoptadas por los gobiernos de dichos Estados miembros.

Este año, si bien hay grandes variaciones entre tales países, el cambio combinado del poder adquisitivo de los funcionarios nacionales de dicho grupo de Estados miembros es de – 1,8 %. Por lo tanto, exactamente esa pérdida es la que se propone para los funcionarios de la UE, independientemente del lugar en que ejerzan sus funciones en la UE y de la institución o agencia para la que trabajen. Y ese porcentaje se ajusta en función del coste de la vida en el país en que ejercen sus funciones.

La elevada inflación en Bélgica (3,6 %) hace que el ajuste nominal para los funcionarios de la UE sea del 1,7 % (frente al ajuste del 3,6 % para los funcionarios belgas). Los funcionarios de la UE que ejercen sus funciones en Alemania tendrán un ajuste del 0,6 % (frente a un ajuste del 1,3 % para los funcionarios alemanes, que, además, recibirán aumentos adicionales de hasta el 2,4 % para finales del año), los que las ejercen en los Países Bajos tendrán un ajuste del 0,4 % (frente al 2 % para los funcionarios neerlandeses) y los que las ejercen en Francia tendrán un ajuste del 1,9 % (frente al 2 % para los funcionarios franceses).

Muchos funcionarios de la UE que trabajan en otros Estados miembros tendrán una reducción nominal de sus salarios: por ejemplo – 2,7 % en Praga, – 2,2 % en Ljubljana, – 1,7 % en Sofía, – 1,1 % en Atenas y – 0,1 % en Roma.

El 4 de noviembre, los Estados miembros pidieron a la Comisión que aplicara la cláusula de excepción, que permite la suspensión del método si se cumplen estrictos criterios relacionados con un «grave y repentino deterioro de la situación económica y social» (que no puede determinarse con el método). Según un análisis basado en las previsiones económicas europeas del otoño de 2011, publicadas el 10 de noviembre, no se dan esas condiciones, y la reducción propuesta del 1,8 % del poder adquisitivo refleja totalmente el cambio de la situación de los funcionarios nacionales. La propuesta está ahora pendiente de adopción por parte del Consejo antes de que acabe el año.

No obstante, ello no excluye las reformas estructurales de la función pública europea. La Comisión propone una reducción del 5 % del personal en todas las instituciones y agencias, un aumento de la semana laboral mínima a 40 horas, sin ajustes salariales compensatorios, un aumento de la edad normal de jubilación de los 63 a los 65 años, una restricción significativa de las normas de jubilación anticipada y medidas relacionadas con las normas sobre las carreras, como una disminución considerable de los sueldos en determinados puestos.

Ello está en consonancia con las medidas adoptadas o debatidas para las funciones públicas nacionales y permitirá la realización de un notable ahorro de más de 1 000 millones de euros durante el próximo Marco Financiero Plurianual y de 1 000 millones de euros anuales a largo plazo. Por lo demás, a fin de hacer frente a las recientes turbulencias financieras y responder a las preocupaciones actuales de ahorro en las administraciones nacionales y de reducción de los presupuestos nacionales, la Comisión ha decidido no solo mantener la contribución especial que expirará en 2013 sino también incrementar la tasa de solidaridad (que se suma al impuesto sobre la renta) del 5,5 % al 6 %.

Estas reformas estructurales propuestas incluyen cambios del método. Si se aceptan esos cambios, el método quedará simplificado y se prorrogará por diez años. La representatividad del grupo de Estados miembros se ampliaría e incluiría a todos los Estados miembros. Una nueva cláusula de excepción permitiría reaccionar adecuadamente ante una crisis económica al determinar el ajuste anual.