¿Quién financiará las ayudas de cese anticipado a partir de 2014?

Una de las novedades de las propuestas de la Comisión Europea para la PAC a partir de 2014 es que desaparecen del reglamento de desarrollo rural las ayudas para cese anticipado de agricultores de edad avanzada. Estas ayudas venían siendo un ingrediente clásico del “segundo pilar” de la PAC, desde su nacimiento con las primeras directivas de 1972. Siempre fueron una medida de aplicación voluntaria por las autoridades nacionales, con una aplicación muy desigual. En la actualidad tienen asignados 2.900 millones de euros de FEADER, lo que supone solo un 3% del total. Bastante países no han incluido esta medida en sus Programas para el período 2007-2013 (es el caso de Bélgica, Bulgaria, Holanda, etc.), pero en otros tiene un peso relevante, destacando el caso de Polonia, que destina a esta medida casi un 15% de los fondos de que dispone, siendo también importante en Irlanda, Grecia, Chipre o Lituania.

En España estas ayudas tienen una importancia significativa, con una previsión de gasto de 65 millones de euros anuales en el período 2007-2013, de los que el FEADER aportaría 35 millones al año. Las Comunidades Autónomas con mayor incidencia de esta medida son Castilla y León, Asturias, Galicia, Cantabria, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Se trata de una de las medidas que lleva mejor ritmo de gasto, tanto en España como en el conjunto de la UE. Según los últimos datos publicados por la Comisión Europea en su informe anual, el cese anticipado encabezaba el ranking de gasto realizado respecto a lo programado, junto con las ayudas agroambientales y los pagos a las explotaciones de zonas de montaña.

Como se trata de ayudas que, una vez concedidas, pueden ser pagadas a lo largo de muchos años a cada beneficiario (hasta un máximo de 15 años), se plantea la duda de que pasará después de 2013 si se aprueba su supresión como propone la Comisión Europea. Una opción sería que las siguieran financiando los presupuestos nacionales. Otra posibilidad intermedia y transitoria es que se sigan cofinanciando con fondos europeos solo los beneficiarios que se prejubilaron dentro del actual período, corriendo a cargo de los presupuestos nacionales los nuevos expedientes que se aprueben después de 2013. Y tampoco cabe descartar, vista la deriva de los procedimientos de acuerdo en Bruselas, que se llegasen a aprobar “trajes a medida”, más o menos maquillados, para dar respuesta a situaciones especiales como la de Polonia. Mientras tanto, es previsible que las incertidumbres sobre la futura financiación de estas ayudas lleven a muchos gobiernos que la vienen aplicando a ser más restrictivos en su gestión.