Un informe que se acaba de publicar muestra que la carga de burocracia administrativa en los agricultores beneficiarios de medidas de desarrollo rural tiene un coste de 240 millones de euros por año, lo que representa un 4,7% del gasto publico total de estas medidas (5.100 millones de euros).

El informe se ha llevado a cabo en Francia, Bulgaria, Finlandia, Alemania, Hungría e Italia y ha sido realizado por el consorcio de CAP GEMINI, Deloitte y Ramboll.

El informe evalúa la burocracia administrativa para los productores agrarios, asociada con medidas como formación, diversificación, modernización, agricultura ecológica, rotación de cultivos y reducción de fertilizantes.

Las recomendaciones para la reducción de burocracia se refieren fundamentalmente a la utilización por parte de la administración de soluciones por correo electrónico y con portales on line, así como el tener que presentar la información requerida al beneficiario una única vez.

En enero de 2007, la Comisión Europea presentó un Programa de Acción para reducir las cargas administrativas a nivel de la UE en un 25% en 2012.