La presidenta de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA de Toledo) y de la Asociación de Mujeres de dicha organización, Blanca Corroto, ha participado en las Jornadas sobre la Mujer Rural organizadas por el Centro de la Mujer de Navahermosa, para explicar la Ley de titularidad compartida en explotaciones agrarias aprobada por el Gobierno de España el pasado mes de septiembre. Corroto tiene previsto intervenir en actos similares en los municipios de Menasalbas y San Bartolomé de las Abiertas.

Durante la charla informativa, la responsable provincial de ASAJA animó a los presentes, en su mayoría mujeres de la localidad, a estudiar la posibilidad de solicitar la cotitularidad de la explotación agraria. La Ley ofrece la posibilidad de que la administración y representación de una empresa agropecuaria sea ejercida por dos titulares que sean matrimonio o pareja de hecho. En este sentido, todo cónyuge menor de 50 años que se haga titular con titularidad compartida, tendrá derecho a una reducción del 30 por ciento en la cuota de la Seguridad Social durante cinco años, además de poder optar de manera preferente a actividades de formación y asesoramiento en materia agrícola y ganadera.

La Ley de Titularidad Compartida está despertando un gran interés entre la población femenina rural. Sin embargo, el límite de edad en 50 años es uno de los grandes escollos, pues hay un gran número de mujeres en nuestra provincia que superan dicha edad pero que, tradicionalmente, han participado en las labores de la empresa agrícola familiar. Precisamente, esta limitación fue una de las causas de la prácticamente nula repercusión de la normativa aprobada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en el año 2008 en esta materia. Aunque la Ley estatal ha subido el techo de edad de 45 a 50 años, ASAJA de Toledo lo considera insuficiente y apuesta por que se hubiera permitido a las mujeres mayores de 50 años acceder a la titularidad compartida que les permitiera contar con una pensión retributiva en función de las cotizaciones realizadas hasta la fecha de la jubilación.

La Ley nace con el objetivo de normalizar una situación habitual en las empresas agrícolas familiares y en un intento de equiparar legalmente a la mujer que trabaja en una explotación agraria respecto a su cónyuge. Actualmente, se estima que casi un tercio de quienes trabajan en explotaciones agrarias familiares son mujeres. Sin embargo, en un 70 por ciento de los casos son los hombres los que figuran como titulares. Esto supone que el trabajo de la mujer no tenga ninguna contraprestación social y que quede fuera del acceso a una pensión retributiva cuando se jubila.