LA UNIÓ de Llauradors ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia desestime el recurso contencioso presentado por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte sobre las resoluciones que en el año 2009 el Jurado Provincial de Expropiaciones había dictado para los afectados por la construcción de los accesos al polígono industrial El Oliveral de Ribarroja. De una superficie afectada de unos 75.000 metros cuadrados LA UNIÓ representaba más de 50.000.
LA UNIÓ y el despacho de abogados De Juan & Olavarrieta se presentaron como codemandantes contra el contencioso de la Generalitat y ahora el TSJ les ha dado la razón. Con esta decisión judicial los afectados agrupados por LA UNIÓ de Llauradors van a cobrar durante estos días incluso un 20% más de lo que ya estipuló en su día el Jurado Provincial de Expropiaciones, al aumentar la cuantía con los intereses de demora generados que en algunos pueden llegar hasta un cantidad que oscila alrededor de 56 euros por metro cuadrado más de lo inicialmente ofertado por la Administración.
El proceso ha sido largo pero finalmente satisfactorio. LA UNIÓ de Llauradors constituyó en el año 2007, coincidiendo con el inicio del proceso expropiatorio, una Plataforma de Interés Común para defender los intereses de los afectados por la construcción de estos accesos al polígono industrial de El Oliveral. La Conselleria de Infraestructuras y Transportes, a través de la empresa Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP), ofrecía a los afectados al principio alrededor de 27.000 euros/hanegada por terrenos cultivados fundamentalmente de cítricos. En noviembre de 2009 el Jurado Provincial de Expropiaciones de Valencia -gracias a LA UNIÓ-, resolvió pagar a los afectados sobre 64.000 euros/hanegada de media, a los que se debía sumar la cosecha pendiente y las afecciones indemnizables. Con la resolución del Jurado LA UNIÓ ya había conseguido incrementar los precios ofertados por la Administración en un 250%.
No obstante esa resolución, la Generalitat recurrió en diciembre de 2008 el precio del Jurado y en enero de este año el TSJ desestimó el recurso contencioso de la Generalitat, hasta que ahora en julio se realiza ya el pago de la resolución del Jurado junto con los intereses generados durante esos cuatro años y medio transcurridos.
LA UNIÓ cree que finalmente se ha hecho justicia con los afectados e indica que va a seguir trabajando de forma firme para defender los intereses de todos los agricultores y propietarios de tierras que se vean inmersos en un proceso expropiatorio.
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