La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) constata que los precios en origen de las principales frutas y hortalizas han caído entre el 30 y 100% en la Comunitat Valenciana como consecuencia del estallido de la crisis de los pepinos en Alemania. El referido descenso de precios del 100% alude a aquella parte de las producciones hortofrutícolas que no han encontrado ninguna salida comercial y que, por tanto, no han obtenido cotización alguna. El destino de estas partidas no puede ser otro que el de ser destruidas, entregadas a centros de beneficencia o emplearse para alimentación animal. Prácticamente ningún producto del campo valenciano se ha salvado del hundimiento de la demanda e incluso del bloqueo de fronteras en mercados europeos, asiáticos y norteamericanos a raíz de las infundadas acusaciones de Hamburgo que señalaron a los pepinos españoles como responsables del brote de ‘E. coli’ en suelo germano.
Según un estudio técnico de AVA-ASAJA, en solo quince días la cotización que percibe el agricultor –en aquellos casos en los que consigue vender su cosecha– ha bajado un 40% en berenjena, 68% en patata, 37% en tomate valenciano y 30% en calabacín y pepino. En cuanto a las frutas de temporada, el precio en campo ha descendido hasta un 75% en cereza, 50% en albaricoque, 30% en nectarina y 25% en sandía.
“El sector hortofrutícola está muy preocupado porque la actividad en los mercados continúa bajo mínimos, la demanda no se anima y los precios en el campo no cesan de caer”, lamenta el presidente de AVA-ASAJA Cristóbal Aguado. “De poco ha servido demostrar que los pepinos españoles estaban limpios. Se están cumpliendo los peores augurios y, de momento, la recuperación está resultando demasiado lenta”, según el dirigente agrario.
Reclamaciones
A raíz de la situación creada y ante las negociaciones que se han iniciado en el seno de la Unión Europea (UE) para arbitrar un fondo de compensaciones, AVA-ASAJA informa que los operadores y agricultores que están sufriendo las consecuencias de esta coyuntura adversa pueden seguir un protocolo de actuación con el fin de reclamar las indemnizaciones correspondientes en el caso de que finalmente se aprueben y se pongan en marcha. Los afectados deberán avisar con tres días de antelación a la conselleria de Agricultura con el objeto de que sus servicios técnicos se desplacen hasta el almacén o el campo para levantar acta sobre el terreno del volumen de producción que no ha podido comercializarse con normalidad. Esa prueba documental es la que servirá como base para solicitar las compensaciones económicas que puedan arbitrarse por parte de la UE. Hoy precisamente está prevista la celebración de una reunión en Bruselas en la que se abordará esta iniciativa.
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