La `Alianza por la Unidad del Campo´, que forman las organizaciones UPA y COAG, solicitan a todas las administraciones competentes que ante las inminentes negociaciones de la PAC y la próxima reforma agraria son muchas las cuestiones fundamentales que deben plantearse por el bien de las explotaciones profesionales de nuestro país, y de nuestra región.

Según los datos a los que han tenido acceso las organizaciones COAG y UPA, en Castilla y León en el último año el 32 % de los pagos compensatorios de la PAC, concretamente 315 millones de euros, lo han percibido los productores `no activos´.

Se trata de una de las denuncias históricas de ambas organizaciones, puesto que la mayoría de estos fondos comunitarios se van directamente fuera del medio rural. Esto supone en muchos casos una competencia respecto a los agricultores y ganaderos activos a título principal, y lo que aún es peor, esos perceptores son los responsables directos de la actual deslegitimación social de las ayudas europeas por la sociedad.

El hecho de que también haya grandes explotaciones en Castilla y León, cuyos titulares NO ATP, y que perciben anualmente más de 300.000 euros, sin justificar que generan empleo y actividad en el medio rural, es sencillamente inaceptable. Además debe ser suficiente argumento para que haya cambios profundos en la futura reforma de la PAC, y para que se fije un techo de ayudas por explotación.

Por este motivo, tanto UPA como COAG estamos defendiendo desde hace meses las propuestas más convincentes y válidas para los intereses de las explotaciones de nuestro país y de nuestra región. Por eso, hemos expuesto ante el mismísimo comisario europeo Dacian Ciolos la necesidad de que se prioricen las políticas agrarias sobre los `activos´, y por los tanto por los profesionales que generan riqueza y empleo en el medio rural.

En este sentido, LA ALIANZA POR LA UNIDAD DEL CAMPO ha logrado hacer llegar al comisario de Agricultura, entre otras, referencias expresas a la priorización de los agricultores y ganaderos profesionales y activos de la explotación familiar agraria (la base del modelo social agrario en Castilla y León). Además hemos puesto especial hincapié en la distribución equitativa de las ayudas en función del empleo generado en las explotaciones.

También hemos pedido el reforzamiento de las políticas agrarias mediante el establecimiento de medidas de regulación e intervención de los mercados agrarios para evitar la especulación de la Distribución, y posibilitando la intervención en momentos de crisis por la volatilidad de precios, permitiendo de esta manera corregir el incremento de los costes de producción de agricultores y ganaderos.

Finalmente expresamos nuestra satisfacción por la primera decisión tomada por parte del Parlamento europeo días atrás en la que se recogen propuestas defendidas por la ALIANZA de COAG y UPA, en la línea de defender una redistribución más justa de los fondos de la PAC.