Los Contratos Territoriales de Explotación (CTE) son una figura legislativa que se puso en marcha en algunos países como Francia tras la reforma de la PAC de la Agenda 2000, como consecuencia de planteamientos puramente “teóricos” y cuya implantación resultó un completo desastre, lo que les obligó a dejarlos aparcados. Desde ASAJA entendemos que no tiene ningún sentido implementar ahora en España este tipo de contrato que ya ha fracasado fuera, máxime cuando no aporta ningún valor añadido para el agricultor y ganadero.

En España este tipo de contratos no se han llevado nunca a la práctica, no obstante, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, si contempla este tipo de contratos, si bien los circunscribe exclusivamente a medidas desarrolladas en esta Ley no agraria, sin embargo, las organizaciones medioambientalistas (WWF, Greenpeace, SEO BirdLife, Ecologistas en Acción y otras), muy distantes de los intereses reales de los agricultores y ganaderos, pretenden que se utilice la figura de los Contratos Territoriales de Explotación para “reverdecer” la propia PAC en aspectos que van mucho más allá de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural, y abogan porque el agricultor suscriba nuevos compromisos de carácter medioambiental, similares a los que defienden Gran Bretaña o Suecia en la futura reforma de la PAC.

Los estándares medioambientales con los que cumplen los agricultores españoles son ya suficientemente elevados, pero además, muchos agricultores españoles han suscrito voluntariamente, dentro de los programas de desarrollo rural, compromiso plurianuales más exigentes, como son las medidas agroambientales o las ayudas a zonas desfavorecidas y otros contratos de carácter anual como es el caso de la Solicitud de Pago Único (que además integra la solicitud de todas la medidas), por lo que ASAJA rechaza más compromisos medioambientales y más burocracia.

La posibilidad de emplear los CTE como instrumentos básicos para la aplicación de los programas de desarrollo rural en el conjunto de las comunidades autónomas fue objeto de debate en el Plan Estratégico Nacional y en el Marco Nacional, y como resultado de una falta de consenso se optó por contemplarlos como un elemento común y opcional en cada Plan de Desarrollo Rural. De hecho esta figura solo la ha utilizado hasta ahora Baleares y para una medida no agraria, sino ambiental.