La Conferencia Internacional «La Gestión de Riesgos y Crisis en el seguro agrario», celebrada en Madrid, presentó ayer las conclusiones a las que se ha llegado tras tres días de trabajo; constatando que los modelos aseguradores están orientados a proporcionar a los productores sistemas de gestión cada vez más adaptados a sus condiciones productivas y de riesgo.

También se ha puesto de manifiesto un evidente interés por las consecuencias de los riegos de la naturaleza sobre la actividad agraria y su incidencia en el desarrollo del medio rural; así como que se ha constatado un convencimiento generalizado sobre un futuro incremento de dichos riesgos.

En este sentido, se ha señalado que las incertidumbres para el desarrollo de la actividad agropecuaria se deben al aumento en la liberalización de los mercados y el incremento de los intercambios comerciales; unido a las tendencias que se observan en la variabilidad de los fenómenos climatológicos a consecuencia del cambio climático y las tendencias en los riegos fito y zoosanitarios.

De esta forma, se ha instado a las instituciones públicas, en colaboración con los sectores privados interesados, a buscar y promover la utilización de instrumentos para la gestión de los riesgos.

Otra de las conclusiones a las que se ha llegado es que los modelos aseguradores más desarrollados se alcanzan cuando existe la participación pública, siendo necesario definir la naturaleza y el alcance de dicha participación.

Los agricultores y ganaderos han destacado su preocupación no sólo por los riesgos naturales, sino también por los inconvenientes que sufren las explotaciones a consecuencia de los riesgos de mercado. En este sentido, han destacado la necesidad de disponer de modelos de aseguramientos cada vez más perfeccionados, con mayores niveles de protección y a un coste asequible. También han mostrado su interés por participar en las distintas fases del diseño y aplicación del seguro.

Por su parte, las entidades aseguradoras han manifestado su disponibilidad y capacidad para asumir los riesgos específicos de la agricultura y ganadería, siempre y cuando la cobertura de dichos riesgos se realice dentro del respeto a los principios de la técnica aseguradora. Asimismo, han resaltado que las dificultades de implantación y extensión del sistema de seguros se pueden resolver con la aplicación de herramientas propias de dicha técnica aseguradora y con una eficaz cooperación entre compañías aseguradoras y la administración pública.

En cuanto a los representantes de instituciones internacionales, han anunciado que actualmente se están desarrollando estudios específicos que aportarán nuevas referencias y criterios para la futura toma de decisión, en relación con la gestión de riesgos y crisis en la agricultura.

El MARM y el resto de las instituciones, públicas y privadas, que intervienen en la aplicación del modelo español de seguros agrarios, han expresado su disponibilidad para compartir el resultado de la experiencia alcanzada en materia de seguros agrarios y para trabajar conjuntamente con aquellos países e instituciones internacionales interesados en la promoción de modelos de aseguramiento y gestión de riesgos.

En este marco, se encuadra el Observatorio Internacional de Seguros Agrarios que está siendo promovido por el MARM y que, contando con la participación de otras instituciones, será presentado en pocos meses.

Por último, miembros de las administraciones públicas han permitido conocer con detalle los modelos de aseguramientos aplicados en los países representados y las orientaciones de futuro; constatando el interés por el desarrollo de sistemas de gestión de riesgos eficaces, sostenibles financieramente y no distorsionadotes del mercado.

El encuentro, constituido como un foro multinacional y contando con la participación de más de 600 técnicos y especialistas de 40 naciones, ha posibilitado el encuentro y debate entre representantes de Gobiernos de muy diferentes países, de distintas instituciones y organizaciones, tanto internacionales como españolas, interesadas en la puesta en marcha de actuaciones que contribuyan a mejorar la protección del sector agrario.