El Gobierno regional ha comenzado a aprobar expedientes de arranque de viñedo por un valor de 94 millones de euros. Se trata de una de las líneas que se incluyen en la OCM del vino y que supone ayudas por el arranque de viñedo durante tres campañas.

El año pasado Castilla-La Mancha arrancó cerca de 33.000 hectáreas, lo que supuso unos 175 millones de euros aproximadamente. Esto permitió que unos 8.000 viticultores de la región, por decisión propia, pudieran arrancar el viñedo con ayudas públicas.

“Recibimos 19.000 solicitudes y se atendieron 8.000, quedando 11.000 solicitudes sin poder atenderse el año pasado. Este año se ha vuelto a sacar una convocatoria de ayudas, recibiéndose precisamente 11.000 solicitudes. Este dato pone de manifiesto que el colectivo de agricultores interesado en el arranque de viñedo básicamente no aumenta; de forma general los que no pudieron arrancar el año pasado, lo han solicitado en éste”, ha explicado el director general de Producción Agropecuaria, Francisco Martínez Arroyo.

Según indicó el director general, las solicitudes se dividen en cuatro grupos en función de la edad del solicitante y de si desea o no arrancar toda la explotación. El primer grupo es aquel que incluye a los viticultores de más de 55 años que arrancan toda la explotación; el segundo recoge a los viticultores de menos de 55 años que arrancan toda la explotación; el tercer grupo incluye a los viticultores de más de 55 años que arrancan parte de la explotación, y el cuarto grupo se compone de los viticultores de menos de 55 años que arrancan parte de la explotación.

Las solicitudes se priorizan en función del grupo en el que se encuentran y comienza a pagarse a los del grupo uno, y se continúa pagando dependiendo de la disponibilidad de fondos, a los del grupo dos, tres y cuatro.

El director general de Producción Agropecuaria volvió a hacer hincapié en esas 11.000 solicitudes recibidas para este año, que se distribuyen entre los cuatro grupos. El pasado 5 de febrero Martínez Arroyo firmó una resolución de viticultores de los grupos uno y dos. Para Martínez Arroyo esta medida tiene un carácter eminentemente social.

“Entendemos que estos viticultores lo que desean es abandonar el sector y, desde luego, lo más razonable es que puedan hacerlo de forma digna, con una ayudas que vengan a compensar el esfuerzo y la dedicación que han realizado durante tantos años”, continuó Francisco Martínez Arroyo.

Las resoluciones, que se incluyen en los grupos uno y dos, ascienden a 4.200; la superficie es de unas 11.000 hectáreas, y el presupuesto del pago de todos estos expedientes es de 94 millones de euros. En la primera tanda de Resoluciones del viernes pasado ya se han aprobado 2.025 expedientes de los 4.200; 6.000 hectáreas de las 11.000; y de los 94 millones previstos, se habrían pagado 33 millones de euros.

“Esto no significa que el resto de los viticultores no vayan a tener ayudas. Así, todavía no sabemos si van a poder entrar al pago expedientes del grupo tres. Va a depender del cálculo que haga el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en función de las solicitudes de todas las Comunidades Autónomas. No obstante, desde Gobierno regional hemos decidido ir resolviendo a medida que vayamos teniendo autorización del Ministerio para anticipar, en la medida de lo posible, los pagos a los agricultores”, ha recalcado el director general de Producción Agropecuaria.

Las 11.000 hectáreas de este primer paquete, unidas a las 33.000 hectáreas del año pasado, suponen unas 44.000 hectáreas de disminución del potencial productivo, que se debe traducir, primero, en que cada vez son más los viticultores profesionales que se quedan en el sector y, segundo, que al disminuir el potencial productivo, disminuye la producción de vino en términos globales en Castilla-La Mancha, lo que tendría que consolidar unos mejores precios del mercado.

Una vez que los agricultores reciban las resoluciones aprobatorias, deberán proceder al arranque. Desde la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural se procederá a certificarlo y después se les pagará. El plazo para arrancar finaliza el 30 de abril de 2010.