LA UNIÓ denuncia que actualmente ni la Conselleria de Agricultura ni el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino realizan los deberes que les corresponden en relación a las informaciones que deben remitir y al cobro de las ayudas de los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana.

Los productores de cítricos, los viticultores con destilación de vino, olivar, ovino-caprino, herbáceos y trigo duro van a cobrar el 100% de las ayudas desacopladas del pago único a partir de unos derechos. El calendario previsto marcaba la fecha del 1 de noviembre como inicio de asignación y comunicación de esos derechos provisionales, pero los beneficiarios no han sido informados.

La Conselleria de Agricultura a fecha de hoy ni siquiera ha enviado las cartas informativas, lo que supondrá un enorme retraso a la hora de presentar alegaciones por parte de los agricultores y ganaderos y volverán a solaparse las fechas creando un tapón administrativo que perjudicará a los beneficiarios. Deberán hacer la solicitud de pago único con derechos provisionales y con alegaciones que no saben si serán admitidas. Como añadido a todo lo anterior, se genera una gran incertidumbre a la hora de realizar cesiones de derechos, ya que el desconocimiento del valor del derecho provisional hace imposible la cesión de los mismos.

En cuanto a las ayudas de alcohol de uso en boca para la uva de vinificación, todos aquellos solicitantes de las mismas que tienen tierras en más de una Comunidad Autónoma, se encuentran todavía pendientes del cobro de las mismas cuando el plazo máximo de pago estaba marcado para el 15 de octubre. Esto afecta especialmente a agricultores que tienen tierras cultivadas de viñas en comarcas de la Comunitat Valenciana limítrofes con Castilla la Mancha, Murcia y Aragón. La mala gestión desarrollada el pasado año anterior de todos estos casos ha provocado que aún no hayan cobrado.

Otro problema ha sido la remisión de cartas por la Conselleria de Agricultura a un hipotético censo de agricultores de la Comunitat Valenciana donde les amenaza con sanciones de hasta 30.000 euros si no presentan una declaración de cosecha vitícola antes del próximo 10 de diciembre, cuando muchos de ello ni siquiera tienen ya plantadas viñas y en algunos casos incluso han fallecido.