El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 ha incluido, entre las distintas medidas fiscales que incorpora, el incremento del IVA que los agricultores cobran por la venta de sus producciones, del 9% al 10%, y el aumento del que perciben los ganaderos por la venta de las suyas, del 7,5% al 8,5%.

La medida, que ha sido inmediatamente aplaudida, tiene su trampa.

Mientras que el IVA soportado; es decir, el que pagan los agricultores y ganaderos al adquirir cualquier bien necesario para su actividad o por recibir cualquier prestación de servicios subirá el 2 % y lo hará desde el próximo 1 de enero de 2010, el IVA repercutido; esto es, el que cobran, sólo se elevará en un 1% y, además, lo hará a partir del 1 de julio del próximo año.

En consecuencia, la medida, aunque aparentemente positiva, ni tan siquiera permitirá compensar el perjuicio que al sector ocasionará la subida en 2 puntos porcentuales del IVA que grava los medios de producción y, a tales efectos, el sector agropecuario español sufrirá un perjuicio que puede ser cuantificado en más de 13 millones de euros.

Por ende, la subida del IVA que cobran los ganaderos y que aprobara el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, era de un 1,5%, de forma que el Gobierno, además de hacer caso omiso al mandato del órgano que representa la soberanía del pueblo español, ha hecho efectivo un incremento del referido IVA inferior en medio punto al dispuesto por el Congreso y que llegará con más de un año de retraso.

Por si todo esto fuera poco, el propio Congreso también aprobó el pasado mayo la rebaja del IVA, al tipo reducido del 7%, para las tarifas eléctricas por considerar que la medida era prioritaria para la sostenibilidad del sector y, además, coherente con la posición de la Comisión europea que ya autorizó al Gobierno italiano en el año 2007 a aplicar un IVA reducido del 4% sobre el suministro de electricidad para los regadíos.

Pues bien, a pesar que desde enero de 2008, el sector agrario se ha visto gravemente afectado por el incremento de las tarifas eléctricas en mas de un 60%, lo que ha supuesto un sobrecoste de 120 millones de euros para el regadío español, ni el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, ni ninguna otra disposición del Gobierno ha llevado a efecto el mandato parlamentario de reducir, al tipo reducido del 7%, el IVA que grava las tarifas eléctricas soportadas por agricultores y ganaderos.

En definitiva, las medidas incluidas en el proyecto de PGE para 2010, aunque tremendamente aplaudidas, y las no puestas en marcha por el Gobierno, a pesar de haber sido aprobadas por el Congreso de los Diputados, tienen trampa, una trampa que perjudicará al campo español en más de 25 millones de euros.

Si la voluntad del Gobierno hubiera sido la de cumplir el mandato parlamentario o, al menos, la de apoyar al sector agrario español sumido en una profundísima crisis, debería haber propuesto una subida del IVA que repercuten los agricultores del 2% para así, al menos, compensar la subida en 2 puntos porcentuales del IVA que gravará, a partir del próximo 1 de enero, los costes de producción y, en el caso de los ganaderos, una subida del 3,5% para, de un lado, asumir esa subida del 2% soportado y, de otro lado, cumplir el mandato parlamentario. En esa misma línea de apoyo al campo español, también debería haber reducido el tipo que grava las tarifas eléctricas soportadas por agricultores y ganaderos.

Estas últimas medidas son, precisamente, las que exige APAG EXTREMADURA ASAJA:

• Incremento del IVA que repercuten los agricultores en, al menos, el 2%.

• Incremento del IVA que repercuten los ganaderos en, al menos, el 3.5%.

• Minoración del IVA que grava las tarifas eléctricas soportado por agricultores y ganaderos al tipo reducido del 7%