Esta Organización pide a todos los Partidos Políticos, en el nuevo trámite parlamentario que ahora se inicia, coherencia y respeto tanto a los principios de nuestra Carta Magna como a los acuerdos internacionales suscritos sobre este tema que ya se han asimilado al ordenamiento jurídico español
Anteayer, el Senado debatió el Proyecto de Ley que determinará las bases de la representación de las organizaciones profesionales agrarias. Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), organización que se integra a nivel nacional en La Unión, se lamenta que, en todo el trámite parlamentario seguido hasta la fecha, los representantes políticos de todos los agricultores y ganaderos están perdiendo una oportunidad única de formular una Ley objetiva que defina de una forma clara y real la representatividad de las OPAs, en virtud de lo que establece la Constitución Española y los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo suscritos por España, a pesar de que es de justicia reconocer que el texto se ha mejorado a su paso por la Cámara Alta como consecuencia de las enmiendas presentadas desde CiU, respaldadas en parte por el Partido Popular y el resto de grupos parlamentarios, dejando solo al PSOE en su defensa del mediocre y tendencioso texto inicial.
Como ya se ha reiterado en múltiples ocasiones, en opinión de UCCL, el texto aprobado ayer atenta contra principios básicos de la Carta Magna como son la libertad de asociación y de no discriminación sin olvidar que introduce serios obstáculos a la creación y desarrollo de las organizaciones profesionales. La Unión de Campesinos reclama que sean las urnas,en todas las Comunidades Autónomas, las que definan el nivel de representatividad de cada Organización como sucede en Madrid, Cataluña o Castilla y León, para lo que es necesario que los Gobiernos y Consejería Autonómicas inicien la regulación de este proceso manteniendo hasta que esa fecha en vigor la Ley anterior.
Todo esto pone en evidencia, en opinión de la Unión de Campesinos, que la citada Ley está hecha buscando los favores de determinadas OPAs con las que hay un acuerdo al respecto. Esta situación junto con las carencias evidente que presenta el citado texto son las que van a llevar a La Unión a impugnarlo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) así como a instar al Defensor del Pueblo a que la recurra ante el Tribunal Constitucional por entender que conculca los derechos fundamentales de los profesionales agrarios y de las organizaciones que los representan.
Por último, esta Organización confía en que, en el nuevo trámite parlamentario que ahora se inicia, los distintos partidos políticos sean capaces de, al menos, mantener los posicionamientos que han defendido en el Senado en el día de ayer donde se han introducido ciertas mejoras al citado proyecto de Ley.
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