Los medios de comunicación llevan varios días anunciando la proximidad del Día Internacional contra la Violencia de Género. Es el turno de la exposición de cifras y datos, de la declaración de buenas intenciones y de las comparecencias políticas, que en la mayoría de los casos, recogen la promesa de compromisos que volverán a incumplirse. Sencillamente es el momento porque llega el 25 de noviembre, y entonces “toca”, sin más.

Desde una organización como la que presido, AMFAR, quiero resaltar que nuestra labor se centra en la lucha cotidiana para vencer al terrorismo doméstico. Quiero poner de manifiesto que no alzamos nuestra voz hoy, por ser 25 de noviembre, sino que diariamente nos volcamos contra esta lacra social que no entiende de fechas marcadas en rojo en el calendario, y que se cobra la vida de mujeres inocentes a diario, llueva, nieve o haga calor.

Si 65 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas sentimentales en lo que va de año, es lógico preguntarse para qué queremos una Ley Integral contra la Violencia de Género que no se cumple. La base jurídica de cualquier legislación es su obligado cumplimiento y, más aún si lo que está en juego es la vida de las personas.

Lamentablemente, en España, un país etiquetado de moderno y progresista, la ley integral contra la violencia de género ha servido más para la demagogia y “su venta” en los medios de comunicación, que como verdadera herramienta para salvar a miles de mujeres que padecen la situación angustiosa de los malos tratos y otras 65, que ya han perdido su vida este año.

A pesar de que en estos tres años de aplicación de la Ley, más de 53.000 varones han sido condenados por delitos de violencia de género, no podemos olvidar que uno de cada cuatro casos sigue oculto y que el número de causas archivadas en los juzgados, que continuamente denuncian su incapacidad para resolver todos los casos por falta de medios, de infraestructuras y personal, creció un 180 por cien.

Barajando estos datos, no podemos sino alarmarnos, y recibir con indignación la aptitud de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. Son sobradamente conocidas sus innovadoras propuestas para conseguir la igualdad en España. Cabe recordar, entre otras, la de incluir el vocablo “miembra” en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la creación de un “teléfono para hombres agresivos”, o la creación de una biblioteca exclusiva para mujeres.

Proyectos todos ellos que obedecen a la inoperancia de un Ministerio de Igualdad que hasta la fecha no ha dado muestras de saber llevar las riendas de un asunto tan serio como es el de la violencia de género. A pesar de ser uno de sus principales objetivo. Al menos es lo que recoge el Boletín Oficial del Estado.

La ministra Aído debería saber, que son más de 600 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género en la última década y que son más de 13.000 las que siguen amenazadas por sus parejas en nuestro país. El ministerio de igualdad debe hacer algo ya y dar respuesta no sólo a las víctimas, sino a la sociedad entera.

Desde AMFAR queremos resaltar la extraordinaria labor que realizan las Fuerzas de Seguridad del Estado, la policía nacional, la guardia civil y la policía local. Es nuestro deber saber valorar su trabajo, ya que en la actualidad existe un policía por cada 127 mujeres en riesgo de sufrir malos tratos. Incluso, la propia presidenta del Observatorio para la Violencia Doméstica, reconocía ante los medios de comunicación que “los medios del Gobierno central son insuficientes”, teniendo en cuenta que regiones como la nuestra, Castilla-La Mancha, las denuncias por malos tratos casi se han duplicado en el último lustro.

No es de extrañar, conforme está el patio, que el Foro Económico Mundial haya desvelado recientemente que España ha descendido siete puestos en el “ranking” de la igualdad. Situándonos incluso por debajo de países como Filipinas o Sri Lanka. Sobran los comentarios.