Valencia, 5 de noviembre de 2008.- La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha aprobado esta mañana el informe que el legislativo comunitario debatirá sobre la futura normativa de fitosanitarios. Los cambios introducidos hoy en el proceso de segunda lectura radicalizan aún más si cabe la inasumible postura que ya postuló esta misma institución en su primera lectura. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, llama por ello a la movilización de los europarlamentarios y de la Administración española para garantizar que se vote en su contra en el pleno que el Parlamento realizará en enero. De entrar en vigor el reglamento en los términos actuales “no sólo se perderá a medio plazo más del 70% de la producción agrícola valenciana sino que desaparecerá el medio rural tal y como hoy lo entendemos, con consecuencias demográficas y ecológicas inimaginables”.
Como ya denunció esta organización el pasado viernes, de aplicarse tal norma en sus actuales términos, la economía valenciana tendría que afrontar a medio plazo la pérdida del 74% de la producción citrícola, de entre el 60 y el 70% de la horticola o del 68% de la de frutales de pepita. Sólo los daños ocasionados en el cultivo de naranjas, mandarinas y limones se cifrarían en 740,5 millones de euros y en 13,2 millones de jornales cada año, lo que es como decir que desaparecerían más de 55.000 empleos.
En la votación de hoy, lejos de flexibilizarse los criterios de corte para mantener los fitosanitarios, se han endurecido aún más, con los que estas cifras se quedarían cortas. De nada ha servido la oposición de 20 de los 65 eurodiputados presentes en la comisión, incluidos los negativos de los tres representantes españoles, porque el informe ha salido adelante con 39 pronunciamientos a favor y 6 abstenciones. De cualquier manera, lo reñido de la votación invita a pensar que el decisivo debate en sesión plenaria será –como señala Aguado- “muy tenso por lo que ahora más que nunca es necesario que los eurodiputados españoles hagan una intensa campaña para que los grupos mayoritarios europeos, popular y socialista, entren en razón y por responsabilidad impidan que esta norma salga adelante”. El presidente de AVA-ASAJA censura, por otra parte, la pasividad mostrada en todo este proceso por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural: “España será el principal perjudicado por lo que nuestro Gobierno nunca tendría que haber permitido que el debate llegara a estos extremos”.
Los cambios ahora introducidos no sólo elevarán a más del 90% los fitosanitarios que tendrán que ser retirados del mercado, sino que también obligarán a los Estados miembros a reducir el uso de los que queden en hasta un 50% en menos de cinco años. Y la agricultura mediterránea como la valenciana será la más afectada porque la norma sólo permitirá recurrir a menos de 20 insecticidas para los miles de plagas existentes y, como se ha dicho, se restringirán también el número de tratamientos. “La pérdida de las cosechas y de los empleos en el medio rural que conllevará aplicar este despropósito de norma acelerará el proceso de despoblamiento que ya padecemos en estas zonas pero también provocará graves daños en el ecosistema valenciano”, advierte el líder de AVA-ASAJA.
Un caso paradigmático sería el de los arrozales de la Albufera, donde los productores ya están de por sí limitados por trabajar en el interior de un Parque Natural. Pues bien, la aplicación de la norma y los especiales controles que ahora se quiere dar para prohibir –no ya controlar su uso- los fitosanitarios que más dañen el medio acuático, abocarían a la desaparición temprana de este cultivo, que es precisamente el agente clave que mantiene el ecosistema en este humedal.
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