Valencia, 31 de octubre de 2008.- La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo votará el próximo día 5 las enmiendas al nuevo reglamento sobre el uso y comercialización de fitosanitarios. La nueva regulación entra en la fase decisiva para su aprobación y lo hace sin haber calculado antes el impacto que sobre la producción agrícola europea que supondría la eliminación masiva de los insecticidas, fungicidas y herbicidas hoy existentes, que es lo que precisamente provocará en primera instancia. Según un informe de Asaja presentado esta mañana en la sede de AVA-ASAJA, las pérdidas sólo en cítricos que a medio plazo generaría la aplicación de esta normativa ascenderían a 1.184 millones de euros y en términos de empleo, supondría la eliminación de 16,4 millones de jornales. El presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, ha exigido por ello a los eurodiputados de los grandes grupos que “frenen con sus votos este despropósito y exijan que la norma no se apruebe sin antes conocer las consecuencias que tendría”.
Desde que esta normativa comenzó a gestarse hace dos años, AVA-ASAJA ha promovido multitud de reuniones en Bruselas y Estrasburgo con los responsables comunitarios que tenían algo que aportar en su desarrollo. El reglamento fue promovido en primera instancia por la Comisión Europea y más tarde recayó en el Parlamento, que radicalizó la propuesta inicial. La nueva regulación sustituye a la directiva 91/414 y supone un cambio drástico sobre la manera en la que se analizan y dan permisos a los fitosanitarios ya existentes y futuros. Así, en lugar de considerar el riesgo real que conlleva el uso de estos productos, propone analizarlos sólo en función de la peligrosidad intrínseca de sus componentes. “Es como si pretendieran prohibir la lejía: todos sabemos que es tóxica pero nadie repara en ello, sino en el uso que se debe de hacer con ella”, matiza el presidente de AVA-ASAJA.
“La situación podría ser dramática porque ya hoy sufrimos serias dificultades para poder combatir las plagas y sólo falta que encima los criterios se endurezcan más y que lo hagan de forma tan caprichosa”, advierte Aguado. Efectivamente, desde que entró en vigor en 1993 la directiva 91/414 se han eliminado del mercado el 57% de las sustancias activas, se han aprobado sólo el 15% y el 28% restante aún están pendientes de revisión. Dicho de otro modo, sólo quedan 400 de las 1.100 sustancias que se disponían para hacer frente a los insectos, enfermedades y malas hierbas.
Y la nueva regulación agravaría la situación en tanto supondría que en un breve lapso de tiempo se eliminasen las sustancias activas que componen el 32 % de herbicidas, el 42% de fungicidas y el 65% de insecticidas. Un dato: los agricultores de frutas y hortalizas valencianos y de toda la UE se quedarían con menos de 20 insecticidas para tratar miles de plagas. “Al no tener una pluralidad de productos y tener que repetir los tratamientos con los mismos productos se generarán resistencias lo que reducirá la efectividad y aumentará la contaminación que las autoridades europeas dicen querer reducir”, señala Aguado.
En tales circunstancias, al no tener los productos fitosanitarios clave para tratar más de 2,5 millones de hectáreas y como se refleja en el gráfico adjunto, las pérdidas sobre la agricultura mediterránea española serían mastodónticas: entre 11,8 y 14,2 millones de toneladas por valor de entre 5.058 y 6.170 millones de euros y con un impacto sobre el empleo igualmente evidente en tanto implicaría tener que renunciar a entre 67,5 y 94,9 millones de jornales al año.
Deja un comentario