Como resultado de las inspecciones realizadas en España por la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la UE, además de por las denuncias formuladas por asociaciones de protección de los animales, la Comisión Europea considera que España no está cumpliendo adecuadamente sus obligaciones en protección de los animales, y ha iniciado, mediante una carta de emplazamiento, un procedimiento de infracción.

Las áreas en las que la Comisión considera que España incumple la normativa son: transporte de los animales (autorizaciones, documentación, espacio y condiciones de ventilación, suministro de agua y alimentos, períodos de descanso), régimen de inspecciones y sanciones, sufrimiento innecesario de los animales, debilidades en formación de los inspectores y falta de transparencia cara al público.

Los procedimientos de infracción por incumplimientos de la legislación comunitaria suelen tener una tramitación relativamente larga, y pueden desembocar, en caso de persistir, en sanciones económicas.