Palencia, 15 de mayo de 2008.- A la posible subida de un 11% del precio de la luz propuesta ayer por la Comisión de Energía al Gobierno, el próximo 1 de julio se une la eliminación de la tarifa específica para riego agrícola, tal y como contempla el R.D. 871/2007, que supondrá un aumento adicional de un 25% en la factura final para aquellos agricultores que se pasen a la tarifa general. De hecho, muchos agricultores ya están recibiendo cartas de las compañías distribuidoras de electricidad en las que se les advierte de la desaparición de la tarifa de riego de alta tensión para la citada fecha.

Según los cálculos realizados por los Servicios Técnicos de COAG, solamente la desaparición de las tarifas específicas de riegos agrícolas (pasando a tarifa general) supondrá un sobrecoste anual de más de 22 millones € para el sector agrario de Castilla y León, que se eleva a 50 millones en el conjunto del estado (la facturación total abonada por los agricultores en tarifa de riegos agrícolas ascendió en 2006 a 204 millones €, correspondiendo el 78% a alta tensión). Este sobrecoste repercute específicamente sobre aquéllos agricultores que utilizan la energía eléctrica para regar sus cultivos, después de haber realizado cuantiosas inversiones en electrificación agraria.

El incremento de costes derivado resulta especialmente preocupante en relación a los cultivos extensivos de regadío que han visto descender de forma acusada su rentabilidad debido a las últimas reformas de la PAC (remolacha, algodón, forrajes, etc.). En esta situación, cualquier incremento de costes, por pequeño que sea, puede llevar al agricultor profesional a una situación en la que ya no le resulte posible continuar con la actividad agraria. También para otros cultivos, como las frutas y hortalizas o los leñosos, este sobrecoste supone una pérdida de rentabilidad añadida. Además, hay que considerar el caso de las plantas desaladoras que funcionan con electricidad. Todo ello, enmarcado en un contexto de incremento generalizado de los costes de producción (gasóleo, fertilizantes, maquinaria,
servicios, etc.) que está poniendo en jaque la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones.

En un futuro escenario de liberalización eléctrica, COAG estima que los intereses de los agricultores pasan por negociar un acuerdo a largo plazo del sector agrario en su conjunto con las empresas distribuidoras de electricidad que permita mantener un coste razonable del suministro eléctrico; para ello, necesitamos la mediación de los Ministerios de Industria y Agricultura como forma de garantizar un equilibrio entre las partes negociadoras. El sector agrario ha apostado por el uso de la energía eléctrica como suministro limpio, flexible y factor imprescindible para la mecanización y automatización de las explotaciones. Sin embargo, la liberalización supone pasar de comprar la electricidad mediante la tarifa, a adquirirla en el mercado directamente a las compañías distribuidoras. Esto representa un cambio de enorme calado para muchos agricultores que en una negociación con las poderosas empresas eléctricas nos encontramos en clara posición de desventaja.

Desde COAG también se ha solicitado a los Ministerios implicados la creación de una Mesa Interministerial con el objetivo de revisar la fiscalidad que se aplica a la energía eléctrica y mejorar las condiciones en las que los regantes, y en general todos los agricultores, la utilizan.