Sevilla, 24 de abril de 2008.- “El suelo es perfectamente recuperable para la agricultura”, tal como confirmó el entonces presidente del Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA), Francisco Simón, tras analizar las más de 6.000 muestras tomadas por ASAJA-Sevilla en las fincas agrícolas afectadas por el vertido de Aznalcóllar.

La Consejería de Medio Ambiente confirmó ayer, diez años después, esta evidencia que entonces negó la propia Junta amparándose en un estudio poco riguroso del CSIC, organismo que tras analizar tan sólo 400 muestras de suelo de la zona más próxima a la mina determinó que todo el área, 4.300 hectáreas, estaba contaminada y era irrecuperable para la actividad agraria.

A juicio de ASAJA-Sevilla el vertido permitió que científicos y ecologistas “hicieran caja” y engordaran su currículo a costa del sacrificio de más de 300 familias de agricultores que perdieron su empresa, su patrimonio y su medio de vida, y que diez años después contemplan estupefactos como se tacha de modélica una expropiación que ya entonces criticaron prestigiosos juristas como Javier Pérez-Royo o Manuel Clavero Arévalo y que hoy, diez años después, se ha confirmado que era totalmente innecesaria.

Desde ASAJA-Sevilla esta triste efeméride nos brinda la oportunidad de recordar el pírrico esfuerzo desarrollado por los agricultores, y especialmente por los arroceros, quienes el mismo 25 de abril de 1998, empleando la maquinaria agrícola con la que contaban, levantaron el muro que permitió que se “salvara” Doñana, un esfuerzo que todavía hoy, diez años después, nadie les ha agradecido. Y nos brinda también la oportunidad de recordar la soledad en la que se encontraron las 300 familias afectadas, acosadas por una Administración que nunca tuvo entre sus prioridades la protección y el auxilio a los afectados.

Lo sucedido en Aznalcóllar hace ahora diez años puede tomarse como el ejemplo contrario al comportamiento que debe caracterizar a una Administración. Volcada en las consecuencias medioambientales del desastre, su falta de empeño por subsanar el problema social ha hecho que las consecuencias de la catástrofe perduren una década después para numerosos afectados.

Son muchos los ganaderos que reclaman a la Administración el pastoreo regulado de su ganado en el corredor verde, que está prohibido desde entonces. La recuperación de caminos y servidumbres de paso que antes unían una margen del río con otra en Sanlúcar La Mayor y que desde hace diez años han sido acotados y vallados y se ha prohibido el paso, dificultando el trabajo, el acceso a las fincas y el transporte de los inputs (piensos, abonos, semillas…) a las explotaciones.

A esto hay que sumar que, diez años después, una veintena de afectados no han resuelto todavía su situación. Algunos, pese a haber llegado a un acuerdo para la expropiación, no han podido cobrar el precio fijado en su día por sus tierras por problemas burocráticos con la Administración (herencias, escrituras públicas,…). Otros, arrendatarios y propietarios que no llegaron a un acuerdo de expropiación, aún están en espera de la decisión de la sala de lo contencioso administrativo del TSJA.