Palencia, 17 de marzo de 2006.- COAG-Castilla y León ha dirigido sendas cartas a la Consejera de Agricultura y a la Viceconsejera de Desarrollo Rural solicitándoles una reunión al objeto de tratar la situación actual de aplicación y el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en la Ley 5/2005 para la regularización de explotaciones ganaderas.
Esta petición está justificada ante la preocupación que se extiende entre buena parte del sector ganadero regional, dado que cuando solo quedan dos meses para que finalice el plazo máximo para resolver sus solicitudes de regularización, son numerosas las explotaciones que aún no han recibido resolución, y sin que en muchos Ayuntamientos, si no en la mayoría de ellos, parezca existir preocupación al respecto.
Recordemos que la Ley 5/2005, de 24 de mayo, por la que se establece un régimen excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en nuestra región, tiene por objetivo último el de otorgar a las explotaciones ganaderas que no pudieran obtener licencia ambiental en el marco de la Ley de Prevención Ambiental un periodo transitorio suficiente para hacerlo. El procedimiento para la aplicación de este régimen transitorio se iniciaba con la solicitud del titular de la explotación interesada dirigida al Ayuntamiento en cuyo término municipal radiquen las instalaciones. Para cursar esta solicitud se disponía un plazo de dos años, es decir, hasta el 27 de mayo de 2007. Desde el momento de la presentación de la solicitud, el Ayuntamiento dispone de un plazo de doce meses para resolver y notificar al titular la decisión adoptada. Si en dicho plazo no se recibe contestación, el ganadero debe entender denegada su solicitud. Si la resolución es positiva, en la licencia otorgada se señalarán, en su caso, las medidas correctoras necesarias y el plazo para su ejecución. Las licencias obtenidas mediante este régimen excepcional tendrán una vigencia de 16 años.
De acuerdo a los datos a los que COAG ha tenido acceso, en Castilla y León se habrían presentado un total de 9.355 solicitudes, de las que a fecha 28 de febrero aún estarían pendientes de resolución 2.605 expedientes, en la mayoría de los casos paralizados en el respectivo Ayuntamiento. Dado que aquellas solicitudes no resueltas a 27 de mayo de 2008 se entenderán denegadas, y que esta situación afecta a casi el 28 % del total de las presentadas, COAG-Castilla y León pide a la Consejería que agilice las actuaciones necesarias para la efectiva aplicación de una Ley cuya importancia para el sector ganadero regional es por todos conocida.
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